madrid. La Seguridad Social recurrirá finalmente al Fondo de Prevención y Rehabilitación para apoyar el pago de las prestaciones. En concreto, hará uso de 4.400 millones de euros, prácticamente la totalidad de la dotación del fondo, que cuenta con algo más de 4.646 millones, según datos que maneja el Gobierno español a los que ha tenido acceso Europa Press.

La Secretaría de Estado de Seguridad Social ha dictado dos resoluciones para autorizar la disposición efectiva de este importe, aunque los datos recogidos no precisan si este montante se dedicará al pago de la nómina de las pensiones, a costear prestaciones por desempleo o a ambas partidas.

Se trata del último paso de un periplo legal iniciado en mayo para poder disponer de este fondo inactivo que se nutre de los excedentes de las mutuas, antes de recurrir como último recurso al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la llamada hucha de las pensiones, que alcanzó los 67.948 millones de euros en mayo, el equivalente al 6,33% del PIB. Así, el 25 de mayo, el Consejo de Ministros dio licencia para desinvertir los 2.800 millones del total de Fondo de Prevención que ese momento estaban invertidos, dado que solo una parte marginal se había venido utilizando desde su creación en 1985 para labores de prevención de riesgos laborales, a las que estaba destinado.

Concretamente, en 2011 se emplearon 71 millones de euros a estas actuaciones de prevención, una cantidad unas tres veces inferior a los 246 millones que ahora quedarán disponibles en el Fondo de Prevención tras el paso dado por la Seguridad Social.

Una vez desbloqueada esta parte del fondo, el Gobierno introdujo vía enmienda a los Presupuestos Generales del Estado de este año en el Senado una disposición que modificaba la Ley General de la Seguridad Social para posibilitar de forma legal la disposición de estos recursos para solventar desfases transitorios de tesorería.

En paralelo a este proceso meramente legal, el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, avisó el pasado 5 de junio en la Comisión del Pacto de Toledo de que en "los próximos meses" el sistema podría sufrir importantes tensiones de liquidez debido a desajustes en los flujos de tesorería relacionados con las prestaciones contributivas y el impacto de la paga extra de las pensiones de julio.

Finalmente, ha sido necesario acudir a este fondo para detraer hasta 4.400 millones de euros, que tendrán que ser reintegrados en el fondo "a la mayor brevedad posible".