Bilbao
DESDE que en 1977 los partidos con presencia en el Congreso de los Diputados firmaron el denominado Pacto de la Moncloa bajo la presidencia de Adolfo Suárez, el Estado español ha vivido hasta ocho grandes reformas laborales cuya finalidad ha sido la de crear empleo y, sin embargo, en la mayoría de los casos los resultados han sido más bien pobres. Aquella primera reforma, apoyada por todos los partidos políticos con representación en la Cámara baja, contó con el apoyo de CC.OO., mientras que UGT y la patronal CEOE se posicionaron en contra. El Pacto de la Moncloa sentó las bases para que el 14 de marzo de 1980 se promulgara el Estatuto de los Trabajadores, que es la norma básica que rige los derechos de los asalariados en el Estado español. El debate fue intenso y en la Cámara baja se estudiaron hasta un total de 803 enmiendas. A pesar de que uno de los objetivos básicos del Estatuto de los Trabajadores era ofrecer estabilidad, el empeoramiento de las condiciones económicas y el aumento del paro obligó a introducir las posteriores reformas laborales.
La primera gran reforma tras la aprobación del Estatuto de los Trabajadores llegó en agosto de 1984, a falta de dos meses para que se cumplieran dos años de la victoria del PSOE liderado por Felipe González en las urnas. El denominado Acuerdo Económico y Social contó con el respaldo de la UGT y de las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme. En esta ocasión CC.OO. no se sumó al pacto. El objetivo fundamental era reducir el alto nivel de desempleo a través de impulsar la contratación temporal. Una de las medidas estrella de aquella reforma fue el contrato de fomento de empleo, por el que se suprimieron los topes de contratación fijados en función de la dimensión de la plantilla. Era un contrato renovable cada seis meses durante un periodo no superior a los tres años. Además, se pusieron en marcha los contratos de prácticas y de formación. Lo cierto es que esta reforma supuso un incremento en el número de ocupados de 1,39 millones de personas. La contrapartida es que la mayoría de esos contratados fueron eventuales. Se puede señalar que trajo un fenómeno contra lo que han luchado posteriormente todos los gabinetes españoles: la extensión de la temporalidad.
Los decretos de González En 1992, el mismo año que en el Estado español se celebraban los Juegos Olímpicos de Barcelona y Sevilla era la sede de la Expo, el entonces ministro de Economía, Carlos Solchaga, puso en marcha una serie de medidas encaminadas a que el Estado español pusiera la proa hacia la Unión Europea. El Ejecutivo de González aprobó un decreto en el que se establecían nuevos incentivos para la temporalidad.
Tras las elecciones de 1993, el 27 de enero de 1994 el Gobierno de Felipe González sufrió una huelga general convocada por la mayoría sindical española. Seis meses después, el Congreso de los Diputados aprobaba una reforma unilateral presentada por los socialistas. En esta ocasión el objetivo inmediato era acabar con la temporalidad de los contratos. Para ello, se suprimió el contrato de fomento al empleo, que quedó reducido a casos muy concretos como los mayores de 45 años, los que llevaban más de un año en el paro o los minusválidos. Esta nueva reforma también hizo especial hincapié en la contratación de los jóvenes, además de flexibilizar la relación laboral priorizando cuestiones como la movilidad geográfica. Además, se permitió que las empresas despidieran sin autorización al 10% de su plantilla.
No obstante, la Ley no consiguió reducir la temporalidad del mercado laboral. De hecho, los contratos temporales se incrementaron en un 7%. Este aumento de los contratos temporales tuvo como contrapartida un aumento del número de personas ocupadas, puesto que el paro se redujo a una tasa del 20,8%.
Primera reforma del PP Tras el triunfo del PP en las elecciones generales celebradas en 1996, el Gobierno encabezado por José María Aznar negoció con patronal y sindicatos una reforma laboral que se concretó en abril de 1997 bajo la denominación de Pacto sobre la Estabilidad en el Empleo y se especificó en tres grandes epígrafes: Acuerdo Interconfederal para la Estabilidad del Empleo, Acuerdo para la Negociación Colectiva y Acuerdo sobre Cobertura de Vacíos. Entre las principales novedades se creó una nueva figura: el contrato de fomento de contratación indefinida, con una indemnización de 33 días por año de trabajo, con un tope máximo de dos años en caso de despido declarado improcedente. El objetivo que se marcó el entonces responsable de la cartera de Trabajo, Javier Arenas, era reducir la temporalidad que afectaba a un 35% de los trabajadores del Estado español. En los tres años siguientes, de 1998 a 2001, los contratos temporales pasaron de 3.316.000 a 3.806.000, mientras que las contrataciones indefinidas pasaron de 5.542.000 a 6.858.000. En una situación económica mejor que en años anteriores, el paro en 2001 era del 10,5%, mientras que tres años antes, en 1998, estaba situado en el 18,8%. En ese período el número de parados pasó de 3.060.000 en 1997 a 1.869.000 en 2001.
También con José María Aznar como presidente del Gobierno español, en marzo de 2001 se aprobó por decreto-ley una nueva reforma laboral en una situación en la que el mercado laboral estaba mejor que nunca y cuando parecía que se había entrado en la senda de la recuperación. La nueva ley contó con el apoyo de PP, CiU y Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, mientras que votaron en contra el PSOE, Grupo Vasco y el Grupo Mixto. Además, el Gobierno popular se encontró con una amplia oposición por parte de los sindicatos.
Una de las medidas más destacadas era favorecer la conversión de los contratos temporales en indefinidos abaratando para ello el despido para los fijos y encareciéndolo para los temporales. Además, se redujo la duración máxima de los contratos eventuales por circunstancias de la producción de trece meses y medio a doce meses.
Otros de los ejes de aquella reforma fue ofrecer la posibilidad de realizar contratos de relevo para mayores de 65 años. Asimismo, se introdujeron los permisos de maternidad y paternidad y se penalizaron las cotizaciones a la Seguridad Social de los contratos temporales inferiores a los siete días.
Sin embargo, estas medidas tampoco favorecieron una caída de la contratación temporal. De los 3.806.000 contratos en 2001 se pasó a 4.36.000 en 2005. Lo que sí aumentó fue el número de personas ocupadas, que en el primer trimestre de 2006 era de 19.895.000 personas, pasado la tasa del paro del 10,5% en 2001 al 8,5% de 2006.
La hora de zapatero El Gobierno español, la patronal y los sindicatos aprobaron en mayo de 2006 la primera reforma de José Luis Rodríguez Zapatero. Una vez más, el principal objetivo era potenciar las contrataciones indefinidas en contraposición al trabajo temporal y para ello se bonificó y estimuló los nuevos contratos indefinidos, la conversión de las contrataciones temporales en fijas y se redujo las cotizaciones empresariales al Fondo de Garantía Salarial y por desempleo. Las medidas para limitar la utilización sucesiva de contratos temporales fue otro de los ejes de esta reforma, así como las iniciativas para que se produjera una mayor transparencia en la subcontratación de obras y servicios entre empresas que compartieran un mismo centro de trabajo.
Finalmente, y hasta la reforma llevada a cabo por Mariano Rajoy, la anterior se aprobó el 17 de junio de 2010, en plena crisis económica y con los mercados acosando al Gobierno de Rodríguez Zapatero. Desde el Ejecutivo socialista se calificó como la reforma de "más calado" de los últimos veinte años. Con la nueva norma se permitió que las empresas que justificaran una situación económica negativa podían indemnizar con 20 días por año frente a los 45 días del despido improcedente. Se universalizó el contrato fijo con una indemnización de 33 días. La medidas no tuvieron calado y tres meses después de publicarse el decreto, el Gabinete socialista tuvo que hacer frente a una huelga general.
