DONOSTIA. Hasta 2016 se calculaque se producirán en el Estado cercade 1.400 fallecimientos a causa demesotelioma pleural, el cáncer sincura provocado por el amianto. Elpasado viernes en una entrevistaconcedida a DEIA y el Grupo NoticiasÁngel Robles dejaba constanciaen estas páginas de su dramáticaexperiencia que le ha llevado,según admite, al final de sus díasdebido a un cáncer de pulmón trasdécadas de trabajo en contacto, sinsaberlo, con este material. Es unode las muchas víctimas laboralesdel amianto.

La mayoría de los casos estánvinculados a una actividad laboralllevada a cabo por personas quemanejaron directamente el mineralcomo materia prima o que trabajaronen entornos en los que habíapresencia del también llamadoasbesto. Las enfermedades causadaspor la inhalación de partículasde amianto conllevan importantespadecimientos físicos y psicológicoscuando el cáncer se manifiesta,un dolor que se extiende a los familiaresde los afectados. Gracias a lasdemandas presentadas por las víctimas,ese sufrimiento comienza aser reconocido por la Justicia en lascada vez más numerosas sentenciasque certifican la responsabilidad directa de las empresas y que imponena las compañías el pago deimportantes cantidades en conceptode indemnizaciones.

En la última sentencia en ese sentido,el pasado 30 de septiembre, eljuzgado de lo Social número cuatrode Donostia condenó a una empresaindustrial irundarra a abonar106.397,44 euros a la viuda y loshijos de un extrabajador que en los21 años que trabajó estuvo en contactocon amianto, utilizado en laelaboración de juntas para conducciónde fluidos. Se trata de una decisiónjudicial novedosa, puesto queel fallecido -al que se diagnosticómesotelioma pleural- no manipulabadirectamente el material, sinoque se dedicaba a la organización,distribución, dirección y supervisióndel trabajo del taller. Los juecesestán ampliando el abanico desupuestos en los que se consideraque una empresa no ha cumplidocon los requisitos de seguridad.

Y es que las demandas de estoscasos se están multiplicando en losjuzgados y tribunales, donde sustitulares son conscientes de la necesidadde hacer justicia ante un dañoirreparable que se produce tiempodespués de que los puñales deamianto se hayan clavado parasiempre en los pulmones del trabajador.

Las enfermedades causadaspor el mortal mineral tienen un largoperiodo de latencia que oscilaentre los 20 y 40 años. Comoquieraque la mayor parte de los casos decontacto con amianto se produjeronen la época en la que estaba permitido-años sesenta y setenta- es ahoracuando se registran el mayornúmero de casos, cuyo origen profesionalestá siendo admitido porlas autoridades sanitarias. Sinembargo, no sucede lo mismo conlas empresas en las que trabajaronlos afectados, renuentes a admitirque carecían de suficientes medidasde seguridad.

Detrás de la mayoría de casos deEuskadi se encuentra la asociaciónvasca de víctimas, Asviamie. Suabogada, Nuria Busto, ha ganado lamayor parte de los procesos parareclamar ante los juzgados de loSocial tanto el reconocimiento de laenfermedad profesional y sus consiguientesrecargos de prestaciones,como indemnizaciones por daños yperjuicios ocasionados por lasempresas en las que trabajaron losafectados.

La letrada alavesa lamenta que enlos juicios las empresas “primero lonegaban todo e incluso llegaban adecir barbaridades, como que unempleado que había estado en contactodirecto con amianto en supuesto de trabajo había adquiridomesotelioma pleural bebiendo aguadel grifo, que estaba canalizada portuberías de fibrocemento”. Lascompañías demandadas tambiénaducían otras circunstancias, señalaBusto, como que el afectado erafumador, cuando en realidad los casos de mesotelioma son producidossolo por las fibras de amianto.

EL SUPREMO UNIFICA DOCTRINA Esaestrategia inicial de los abogados delas empresas en los primeros procesossobre enfermedades relacionadascon amianto dio paso, conformelos jueces fueron rechazandoargumentos peregrinos, a unadefensa centrada en las normativasde seguridad e higiene en el trabajoexistentes en los años en los quelos trabajadores ejercían su actividad.En 1982 se publicó en el Estadoespañol la primera normativa específicasobre amianto. Desde entonces,algunos jueces empezaron arechazar demandas al estimar quelas exposiciones al amianto no estabanprotegidas por la normativaanterior, que databa de los años 40.

Esas diferencias jurisprudencialesparecen haber sido superadaspor una reciente sentencia del TribunalSupremo que unifica doctrina.En ella, los magistrados de laSala de lo Social dejan clara la responsabilidadde una empresa en lamuerte por cáncer de pleura de untrabajador que había manejadoamianto durante treinta años. Elalto tribunal no acepta en su decisiónque las condiciones laboralesdel empleado se adecuaran a la nornormativaexistente entre los años 40 ylos 80. Considera que las antiguasleyes y reglamentos ya contemplabanenfermedades profesionalesvinculadas al amianto y ya exigíanunas medidas mínimas que, dehaberse seguido, habrían evitado elfallecimiento del operario.

Ese condicionante temporal tambiéninfluye de forma indirecta enlos juicios por amianto. En ocasionesresulta muy complicado obtenerpruebas para demostrar el contactocon el mineral. Ante la habitualausencia de documentos y lainexistencia de bases de datos, la única forma de acreditar la exposiciónson los testigos, algo que,lamenta Busto, en el ordenamientoespañol posee menor relevanciaque las pruebas documentales.

Esa cuestión es más dificultosacuando el trabajador desconocíaque manejaba amianto o que estabamezclado con otros componentes,como en la baquelita -amiantocon plástico utilizado, por ejemplo,como aislante para cuadros eléctricoso casquillos de lámparas-.La abogada señala que a la horade exigir responsabilidades tambiénsuele haber problemas de identificaciónde la empresa. “Muchashan sufrido reconversiones industrialeso han cambiado de dueños,por lo que hay que hacer una auténticalabor de detective para saberquién es el responsable”.

TABLAS DE COMPENSACIÓN A vecesla maquinaria que se usaba paratrabajar con amianto ya no está y,otras veces, los empleados fueronsubrogados a otra sociedad, lo quepone trabas. En su jurisprudencia,el Supremo valora todas esas dificultadesprobatorias y ha optadopor invertir la carga de la prueba,de manera que es la empresa la quetiene el deber de demostrar queofrecía las necesarias garantías seguridad y sanitarias. En algunoscasos las sentencias obligando aempresas a indemnizar han fijadocuantías elevadas en la CAV. Sinembargo, Busto censura que lajurisprudencia vigente “va dandobandazos porque unos jueces usanunos criterios y otros, tablas deincapacidad”. Como son varias lasenfermedades provocadas poramianto -cáncer de pulmón, depleura, de peritoneo, asbestosis...-hay jueces que no tienen claro quécriterios objetivos utilizar.

La abogada explica que en los juzgadosse sirven de tablas destinadasa accidentes de tráfico para cuantificarindemnizaciones, en siniestroslaborales como en casos deamianto, y no es raro que den elmismo tratamiento a un mesoteliomaque a la asbestosis, lo que supone“indemnizaciones ridículas”porque esa última enfermedad conllevamenos perjuicios. En este sentido,Asviamie reclama que se fijenpor ley unas tablas de compensacionesadaptadas a este tipo deenfermedades profesionales y quese mantenga un criterio más uniforme.