Una empresa participada por cargos del PSE recibe sustanciosas subvenciones de Lanbide

Las cifras concretas no se han hecho publicas todavía, a pesar de que el concurso público se cerró en verano, pero fuentes sindicales confirman a DEIA que ambas se sitúan a la cabeza de los perceptores de la subvención sumando en torno a un tercio del presupuesto consignado.

Entre los accionistas de Fondo Formación figuraban en junio de 2011 -mes en el que se publicó en el boletín oficial el concurso- el parlamentario del PSE Mikel Unzalu, y Gloria Múgica, esposa de Manuel Salinero (secretario general de Lehendakaritza, el principal apoyo de Patxi López) y directora de Inclusión Social del Departamento de Empleo.

También aparecen otras personas vinculadas con el Partido Socialista, como Eduardo Briones, concejal en Muskiz, o Mikel Colina, candidato en varios comicios. De hecho, desde su creación Fondo Formación ha estado muy ligada al PSE, siendo, por ejemplo, la empresa en la que trabajaba el actual diputado Eduardo Madina antes de trasladarse a Madrid.

Desde el punto de vista legal, las subvenciones que recibe la compañía son irreprochables. La legislación establece que un gobierno puede contratar servicios con una empresa participada por uno de sus altos cargos si su cuota del accionariado no excede el 10% del capital social. Si se supera ese umbral la compañía ni siquiera puede acudir a concursos públicos. La participación de Gloria Múgica (4,92%) está muy lejos de la zona de veto.

dentro de la legalidad La normativa no establece nada en relación a otros cargos del partido del Gobierno. Pero la suma de las participaciones de esos cuatro simpatizantes socialistas supone casi un 20% de un accionariado muy atomizado -45 socios-, dentro del cual todo apunta a que hay más afines. Tanto Múgica como Unzalu aumentaron su participación en septiembre de 2009, cuando ya gobernaban los socialistas.

Aun estando dentro de los límites de la legalidad, en la plantilla de Lanbide se considera que las adjudicaciones concedidas a Fondo Formación forman parte del intento del Gobierno de López de patrimonializar el Servicio Público de Empleo y posibilitar que personas de su órbita se beneficien de la transferencia lograda el año pasado por el PNV. Las citadas fuentes cuestionan la moralidad de las adjudicaciones más allá del escrupuloso respeto de la norma. Es un ejemplo de las dinámicas que llevan a otros sindicatos a referirse a Lanbide como el cortijo socialista.

Desde UGT, su máximo responsable en Lanbide, Raúl Arza, restó ayer importancia a la participación del sindicato en los contratos, pese a las críticas que levanta en otros miembros del comité el hecho de que forme parte al mismo tiempo del consejo de administración y la extrañeza que genera en algunos parados que les remitan a las sedes del sindicato para recibir asesoramiento.

En declaraciones a DEIA, Arza aseguró ayer que las subvenciones que recibe UGT "son finalistas, no hay margen para el lucro", porque, según afirma, en esencia se paga el sueldo del personal que orienta a desempleados. Recordó que su sindicato lleva diez años participando en cursos de orientación a través del Inem y de Langai. Arza dice que desconoce el dinero que recibe su sindicato ahora o el que recibió en el pasado.

En cuanto al día a día de Lanbide en su opinión, "no reina el caos". "Se puede hacer mejor, pero estamos en el comienzo de una organización que es la suma de otras tres, algo que no es fácil". Arza reconoció que mantiene "discrepancias" con la gestión, si bien cree oportuno esperar al próximo ejercicio para hacer un balance.

También desde UGT, su representante en el consejo de administración de Lanbide, Felipe García, lamentó la beligerancia de algunos sindicatos dentro del organismo y retó sin mencionarlos a ELA y LAB a demostrar que se han cometido irregularidades. A su juicio, se vierten "acusaciones graves" sin aportar pruebas. García aseguró que es "impensable" que el Servicio Vasco de Empleo pueda asumir todas las peticiones de orientación y que su sindicato, como otras empresas y fundaciones, "llegan donde no puede llegar el personal de Lanbide".

En cualquier caso, indicó que los procesos de adjudicación son transparentes y dentro de la legalidad -"no se decide nada a dedo"-.

Mientras, los datos concretos de adjudicación de contratos son todo un misterio. Oficialmente deberían estar colgados en la web de Lanbide e incluso haber sido publicados en el Boletín del País Vasco, pero aparentemente no es así. Circulan en Lanbide cifras generales que el Departamento de Gemma Zabaleta confía en poder concretar hoy a DEIA.