La actual Ley del Cine está obsoleta. Es una norma de 2007, una época en la que nadie sabía lo que era Netflix y no existían series como Juego de tronos. Los productores han venido reclamando desde hace tiempo una normativa que responda a la nueva situación del sector, totalmente diferente a la de cuando se aprobó la actual ley y que, además, en los últimos dos años se ha tenido que enfrentar a las restricciones de aforo impuestas por la crisis sanitaria.
Este martes el consejo de Ministros, previsiblemente, dará luz verde a la nueva Ley, que abarcará la diversidad y riqueza de la creación audiovisual, y no solo cinematográfica. El objetivo de la norma es "dotar de mayor coherencia y seguridad jurídica al sector", señala el texto, que se ha redactado en paralelo a la nueva Ley Audiovisual. En él se establecen definiciones de los diferentes productos audiovisuales, como película cinematográfica (que se estrena en las salas de proyección), obra audiovisual (aquellas que se estrenan directamente en plataformas o en internet, sin pasar por una sala de cine) o serie de televisión que pasan a estar bajo el paraguas de una misma norma, algo que no ocurría en la anterior.
Estos cambios se traducen en aspectos financieros tan importantes como presupuestos más abultados, mayor opción de subvenciones, repercusión mediática y apoyo institucional.
En la actualidad, la línea que divide cine y series es apenas perceptible en muchos aspectos, y donde las plataformas de streaming se han convertido en un jugador de peso a nivel global, pero también estatal.
Además, según la nueva ley, podrán entrar dentro de las ayudas a la producción todos estos nuevos productos audiovisuales e incluso las películas que no estrenen en salas de cine.
La normativa incorpora también ayudas a la distribución independiente, a la exhibición, siempre y cuando las salas de cine sean accesibles a las personas con discapacidad, y también a la creación. Habrá que esperar para ver si el texto presentado por el Ministro de Cultura, Miquel Iceta, cumple con las expectativas que la industria audiovisual estatal tiene puestas en él.
Ley Audiovisual
La normativa ha avanzado en paralelo a otra reforma clave para el sector: la Ley General de Comunicación Audiovisual, que afronta su fase de enmiendas en el Congreso. El texto, que transpone con un año y medio de retraso una directiva europea, no contenta a casi nadie, ni a nacionalistas vascos, ni a varias plataformas, ni a los productores independientes.
El Grupo Vasco en el Congreso ha presentado una enmienda de totalidad con un texto alternativo al Proyecto de Ley. La propuesta del PNV parte del texto aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez, al que propone cambios con el objetivo de mejorarlo.
Los jeltzales dan varias razones para rechazar el texto: El PNV considera que la iniciativa del Ejecutivo español "invade competencias" que corresponden a Euskadi y no respeta el euskera. El proyecto "supone una recentralización inaceptable", que además "no mejora en absoluto la ley vigente, e invade competencias de la comunidad autónoma vasca".
Son palabras del diputado del PNV, Joseba Agirretxea, quien considera que la norma audiovisual del Gobierno "se entromete en la gobernanza de las televisiones autonómicas de una manera que no corresponde a una Ley estatal.
El texto alternativo para la futura ley que ha presentado los jentzales trabaja cuatro pilares fundamentales. El primero de ellos es "dar respuesta a la realidad actual en la que es patente la necesidad de adecuar y modernizar el marco jurídico, además de otorgar cierta establilidad al sector que se mueve en una realidad cambiante y dinámica".
El segundo pilar pretende "establecer las mismas reglas para los distintos actores que compiten por una misma audiencia desde un escrupuloso respeto a las competencias de las Comunidades autómomas. El Grupo Vasco considera "fundamental" el papel de las comunidades autónomas porque tienen soberanía para regular".
Por último, el cuarto pilar sobre el que pivota la norma alternativa de EAJ/PNV "se centra en arbitrar los mecanismos necesarios para garantizar los diversos y variados derechos de los usuarios, donde destacan entre otros "el de la protección de la diversidad cultural y lingüística de las distintas nacionalidades que conforman el Estado, sin desconocer el contexto de extraordinaria globalización en la que se encuentra el mercado y tratando de articular y combinar esa protección con la realidad actual del sector audiovisual".
El proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual, aprobado en noviembre, solo incluye una cuota del 6% de contenido del catálogo de las plataformas en lenguas cooficiales del Estado.
