londres. Las leyes que rigen las bodas reales en el Reino Unido, que datan del siglo XVIII, son un anacronismo que pone en peligro futuros enlaces de la familia real británica, según un informe de la Universidad de Warwick (Inglaterra).
El informe fue elaborado por la profesora de la Facultad de Derecho Rebecca Probert, que afirmó que la boda del príncipe Guillermo y Kate Middleton el próximo 29 de abril puede ser la última que se celebre sin afrontar problemas legales serios.
Las leyes aún en vigor que establecen la norma para los matrimonios reales son The Act of Settlement (1701), que prohíbe a los royals casarse con católicos, y la Ley de Naturalización de la Princesa Sofía (1705), que dio la nacionalidad inglesa a la madre del rey Jorge I y a todos sus descendientes aunque no hubieran nacido en este país y no profesaran la fe protestante. A estos dos cuerpos legales, se sumó posteriormente la Ley de Matrimonios Reales (1772), que establece que ningún matrimonio de un miembro de la familia real tras el reinado de Jorge II es válido sin el consentimiento del monarca (en este caso la reina Isabel II).
La profesora Probert, una experta en derecho matrimonial, quiere destacar con este trabajo "el caos legal creado durante estos 300 años de leyes matrimoniales reales y el anacronismo que representan si son vistas a la luz de la legislación sobre Derechos Humanos".
"Las leyes que regulan los matrimonios reales no sirven para el siglo XXI, una época en que los derechos humanos y la libertad de elección son algo valorado", afirma.
Probert considera "una pura cuestión de buena suerte" que el matrimonio del príncipe Guillermo, segundo en la línea de sucesión al trono, y Kate Middleton, no plantee problemas legales, pero señala que "ésta podría ser la última boda real que se celebrara evitando complicaciones legales si las leyes no se cambian".
"El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo podría decidir que los miembros de la familia real sufren discriminación por no poder casarse sin el consentimiento de la reina, o por tener que elegir entre el amor y la fe religiosa y el deber", dice.
La profesora de la Universidad de Warwick consideró absurdo, por ejemplo, que los royals puedan casarse con una persona del mismo sexo, pero que necesiten el permiso de la reina para hacerlo.
"Hay gente que no tiene ni idea de que necesitan el permiso de la reina para casarse y que eventualmente podrían encontrarse con que sus matrimonios son técnicamente nulos en el Reino Unido", explica.
En cuanto al Act of Settlement, Probert destaca "la incongruencia de que un eventual futuro heredero al trono pueda convertirse en rey o reina si se casa con un musulmán o un satanista o un metodista, pero que lo tenga prohibido si decide casarse con un católico romano".
Además, estas leyes permiten llegar al trono a alguien cuyo cónyuge se convierte al catolicismo tras la boda, siempre y cuando en el momento de darse el "sí quiero" se declare no católico.
Antes de la boda en 2005 del príncipe Carlos y Camilla, ambos divorciados, se afirmó que los miembros de la Casa Real no se podían casar en un registro civil, pero el Gobierno laborista de Tony Blair dictaminó que en función de la Ley de Derechos Humanos debían tener las mismas garantías que cualquier otra pareja.