Uno de los cuatro ejemplares de halcón peregino que criaba en el Pagasarri y su entorno falleció al impactar en Alonsotegi contra un tendido eléctrico no adaptado. El grupo ecologista Eguzki interpuso una denuncia sobre el accidente del que informó el ornitólogo Iñigo Zuberogoitia, y ahora la Fiscalía ha ordenado la apertura de diligencias para investigar lo sucedido.
“Ya en 2008 se publicó el Real Decreto que obliga a las compañías eléctricas a adecuar los tendidos con el fin de evitar o reducir la muerte de aves por electrocución o choque”, explica la agrupación ecologista en un comunicado. Ademas, “el halcón peregrino está incluido en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas; por tanto, legalmente protegido, de forma que su muerte puede constituir un delito contra el medio ambiente”, advierten. Hace un año, Eguzki “solicitó a las diputaciones vascas que constituyeran y dotasen de medios adecuados a sendas patrullas de basozainak especializadas en el seguimiento e identificación de los tendidos eléctricos más peligrosos para las aves”.
Los fallecimientos de aves en estos accidentes, “especialmente las rapaces”, constituye “una amenaza superior incluso a la que representan los venenos, los disparos o los atropellos ” con el agravante de que “prácticamente todas ellas están protegidas”. De hecho, un Real Decreto que obliga a adaptar los tendidos identifica los choques como “el principal problema de conservación de aves rapaces”.
Remitiéndose a datos “del ministerio de Transición Ecológica”, Eguzki afirma que más de 33.000 rapaces protegidas son víctimas cada año en el Estado por electrocución o colisión contra tendidos eléctricos, aunque informes de organizaciones privadas ponen en evidencia que esa estimación se puede quedar muy corta”. Concretamente, “la Fundación de Amigos del Águila Imperial, en un estudio reciente en colaboración con la Fundación Banco Santander, calcula entre 192.000 y 337.000 las aves muertas cada año en el Estado español en tendidos eléctricos”.
Con respecto a Euskal Herria, “no existen datos concretos, pero una simple extrapolación nos permite constatar que nos encontramos ante un enorme problema ambiental al que no se le está dando respuesta adecuada”, previenen. Posiblemente porque “permanece solapado, ya que las administraciones no le dedican todos los recursos humanos y materiales necesarios”.
El mencionado Real Decreto “impuso obligaciones al respecto a las compañías eléctricas”. En esta línea, “en enero de 2019, el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco suscribió con Iberdrola un convenio para empezar a adaptar las torres de alta tensión que llega con retraso y es insuficiente”.
