El departamento foral de Sostenibilidad y Medio Natural entiende que, al no haber formalizado la petición de entrada en el Consorcio de Aguas cuatro años después de que el pleno le diera el visto bueno, el Ayuntamiento de Karrantza “rechaza la fórmula asociativa que le ofrece la Diputación Foral de Bizkaia” a través de esta entidad, lo que “implica optar por ejecutar sus competencias, de manera que el convenio queda extinto por la pérdida de su objeto o finalidad”.
Sobre el debate en torno a las tarifas ganaderas, la Diputación recalca que “para garantizar su viabilidad, se planteó al Ayuntamiento “una reducción del 25% sobre los precios actuales, lo cual dejaría la tarifa más baja de Euskadi”. Al mismo tiempo, “y dado que el Consistorio dispondría de unos 120.000 euros anuales por el importe que dejaría de abonar al estar en el Consorcio, se le propuso aportarlos, de manera que la bonificación a aplicar a las explotaciones alcanzara el 50%”.
También se ofreció contratar una asistencia técnica “para conocer la realidad del uso del agua y analizar propuestas individualizadas de buenas prácticas para mejorar y reducir los consumos de agua”, de forma que quienes elaboraran una propuesta de mejora pudieran optar a una línea de ayudas. Se barajó “un marco de tres o cuatro años, siempre que hubiera respuesta”. Ya que “las explotaciones más afectadas pudieran ser las de menos de cincuenta cabezas -hasta 27- y las de entre cincuenta y cien -25-, el Consorcio propuso iniciar por estos colectivos la asistencia técnica, de forma que “si los datos fueran disminuyendo, disminuiría la aportación del Ayuntamiento e incrementaría la cuota del Consorcio”.
Posible sanciones
Por otro lado, se ha alertado de que la baja tarifa anual que factura el Ayuntamiento “contraviene la Directiva Marco Europea de Agua, lo que podría provocar que la Unión Europea impusiera también una sanción, según la cual los costes del servicio de abastecimiento deberían ser trasladados a la persona consumidora a través de la tarifa. Asimismo, “favorece que el agua se consuma sin racionalidad y provoca una importante merma económica al Ayuntamiento, que debe hacerse cargo de una extensísima red con multitud de instalaciones, sin ninguna opción de recuperar los costes invertidos en la explotación de la misma”.
