Recurren al Supremo la 'operación Durango'

EH Bildu y HE defienden que la sentencia del TSJPV va en contra de "los intereses" de la villa

09.06.2021 | 11:27

EH Bildu y Herriaren Eskubidea han presentado el recurso de casación para que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco TSJPV, que da por bueno el convenio firmado la pasada legislatura entre el Ayuntamiento de Durango y Euskal Trenbide Sarea, ETS. Esta sentencia anulaba la recibida en primera instancia, que declaró el convenio nulo de pleno derecho por incompetencia del órgano firmante. En este sentido, el TSJPV defiende, entre otras, "una valoración de trazado de las vías que no es acorde a la recogida por la ley y que condenaría a las y los durangarras a pagar casi 2,6 millones de euros por recuperar estos terrenos", dicen ambas formaciones, actualmente en el gobierno de Durango.

"No podemos dar por buena una sentencia que justifica el incumplimiento de la ley por motivo de interés general. No solo es importante el fondo, sino también las formas". Es por ello que "vamos a defender los intereses de las y los durangueses hasta el final, y lo hacemos con los recursos de nuestros partidos", defendieron.

Hay que remontarse a 2019 para rescatar la sentencia que anulaba el convenio entre Eusko Trenbide Sarea (ETS) y el Ayuntamiento de Durango con respecto a la reparcelación del espacio liberado por las vías del tren, denominado PERI Ferrocarril. El pasado mes de abril, una nueva resolución del TSJPV, desestimó aquel recurso contencioso administrativo que en 2017 fue presentado por Dani Maeztu (EH Bildu) y Julián Ríos (Herriaren Eskubidea) y declaró en esta ocasión el acuerdo "conforme a derecho".

Este proceso arrancó el 26 de octubre de 2017 cuando el Ayuntamiento de Durango aprobó de forma definitiva el convenio relativo al proyecto de los terrenos liberados por el soterramiento del tren, tras ser rechazadas por el pleno las alegaciones presentadas por EH Bildu y Herriaren Eskubidea contra el acuerdo alcanzado. Ante el rechazo de las alegaciones, el 5 de diciembre de 2017, Maeztu y Ríos presentaron un recurso para denunciar la "ilegalidad" del convenio.

 
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