Hay que remontarse a 2019 para rescatar la sentencia que anulaba el convenio entre Eusko Trenbide Sarea (ETS) y el Ayuntamiento de Durango con respecto a la reparcelación del espacio liberado por el tren, denominado PERI Ferrocarril. Ahora, una nueva resolución, en este caso del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), ha desestimado aquel recurso contencioso administrativo que en 2017 fue presentado por Dani Maeztu (EH Bildu) y Julián Ríos (Herriaren Eskubidea - Podemos) y declara en esta ocasión el acuerdo "conforme a derecho".
La nueva sentencia con fecha de 15 de abril de 2021, considera que el contenido del convenio urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento de Durango y el ente público ETS "no excede del contenido propio de un convenio de gestión urbanística, aunque incluya actuaciones que se realizan fuera del ámbito propio de la UE-1. T".
La resolución añade que todas las cláusulas y compromisos asumidos por las partes "tienen por causa contractual, el proceso de ejecución de la normativa de planeamiento aprobada, y de las zonas colindantes". Estima que se trata de una competencia que se "anuda con naturalidad en el área de urbanismo, delegada a la teniente alcalde, la jeltzale Mari Jose Balier, de manera genérica".
El TSJPV, al que recurrió el Ayuntamiento de Durango tras la primera sentencia en contra, justifica que el hecho de que el contenido del convenio urbanístico "exceda en términos cuantitativos de la cantidad de 360.000 euros (contrataciones y concesiones de toda clase)" que se delega a la Junta de Gobierno Local, "no puede llevar a la conclusión de que es a la Junta de Gobierno Local a la que le corresponde aprobar todos los convenios urbanísticos de ejecución, en los que se supere dicha cuantía". El TSJPV no comparte la posición implícita en la sentencia de "despiezar" el contenido del propio convenio urbanístico de ejecución, examinando cada uno de los compromisos asumidos por los contratantes, en orden a fijar a quién delegó la alcaldesa por entonces, Aitziber Irigoras, la competencia para suscribir convenios urbanísticos de ejecución.
Este proceso arrancó el 26 de octubre de 2017 cuando el Ayuntamiento de Durango aprobó de forma definitiva el convenio relativo al proyecto de los terrenos liberados por el soterramiento del tren, tras ser rechazadas por el pleno las alegaciones presentadas por EH Bildu y Herriaren Eskubidea contra el acuerdo alcanzado. Ante el rechazo de las alegaciones, el 5 de diciembre de 2017, Maeztu y Ríos presentaron un recurso para denunciar la "ilegalidad" del convenio. Tras desestimar ahora aquel recurso presentado, los impulsores de la demanda tienen la posibilidad de recurrir al Tribunal Supremo.
El 17 de diciembre de 2012 fue una fecha histórica en Durango. Ese día, el soterramiento del tren a su paso por la villa fue una realidad. El denominado proyecto OperaciónDurangoDurang seguía dando pasos con el objetivo de culminar un plan que se presentó en 1999 con Pilar Ardanza como alcaldesa. En total se invirtieron 250 millones de euros. El esquema diseñado para los terrenos liberados tras el soterramiento del tren, denominado PERI 1 Ferrocarril, se aprobó en 2006 con la intención de construir cinco torres de pisos de hasta 18 alturas en este espacio. El Gobierno vasco, dueño de los terrenos, pretendía invertir casi 11 millones de euros para finalizar los trabajos de reurbanización que posibilitaban que el 73% de los 62.000 metros cuadrados, es decir, más de 45.000, fuesen zonas con urbanización blanda, espacios verdes y zonas para canchas de baloncesto y parques infantiles.
En mayo de 2018 nace en Durango la plataforma ciudadana Erabaki con el objetivo de saber qué va a pasar con el espacio de la antigua estación de tren. Así que comienza a recoger firmas para abordar este asunto. El pasado 14 de marzo, 7.076 durangarras tomaron parte en la primera consulta popular del municipio organizada por el Ayuntamiento en torno a este tema. De los participantes (28,57%), los votantes se posicionaron a favor de la paralización del proyecto PERI 1 Ferrocarril, o lo que es lo mismo, el plan de urbanización de los terrenos ganados a la soterrada vía del tren.
El Ayuntamiento de Durango, con la alcaldesa Ima Garrastatxu a la cabeza, acudió el pasado día 13 a Lakua para reunirse con el consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, Iñaki Arriola, para comentarle el resultado de la consulta. El consejero dejó claro que "el Ejecutivo vasco apuesta por buscar el máximo consenso posible cumpliendo los compromisos adquiridos", siempre dentro de los términos acordados en el convenio, en el que se estableció que el municipio afrontaría una parte de la financiación de la misma a través de las plusvalías generadas en los terrenos liberados tras la retirada de la trinchera ferroviaria.
