Bilbao - El Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia ha comenzado un estudio para analizar los riesgos geológicos y geotécnicos del terreno que rodea el canal de Ordunte, la gigantesca tubería de 40 kilómetros de longitud que, desde el embalse burgalés, abastece de agua a la mayoría de habitantes de Bilbao. Se trata del primer análisis de este tipo que se realiza en 32 años y servirá para identificar los posibles riesgos del terreno que pueden provocar daños en el canal, para poder prevenirlos. Los trabajos han comenzado a principios de julio y se prolongarán durante ocho meses.

En 2017, el Consorcio de Aguas aprobó un acuerdo con el Ayuntamiento de Bilbao para gestionar de forma unificada los sistemas de abastecimiento de agua de Ordunte y Zadorra. En virtud de ese convenio, la entidad consorciada gestiona desde febrero de 2018 el sistema de Ordunte.

El canal fue construido en los años 30 del siglo pasado y consiste en una conducción de aproximadamente 40 kilómetros por la que discurre agua procedente del embalse del mismo nombre situado en el Valle de Mena, en Burgos, y que, tras ser tratada en la depuradora de Sollano, en Zalla, es conducida hasta el depósito de Elejabarri, en Bilbao. La conducción arranca al pie de la presa y discurre por las laderas izquierdas de los valles del Ordunte y del Kadagua para, en Balmaseda, cruzar a la margen derecha de este último río hasta su final en el depósito de Elejabarri. El canal abastece de agua a tres de cada cuatro bilbainos, a excepción de los barrios del entorno de Buia. El agua llega desde el embalse, depurándose en la estación de Sollano, en Zalla, hasta los 18 depósitos que existen en Bilbao. Desde estos gigantescos vasos, el agua se distribuye a los barrios. Aunque antiguamente su rotura dejaba sin agua a la capital vizcaina, actualmente la villa también se puede abastecer desde Venta Alta, la depuradora a la que llega el agua del sistema del Zadorra.

El trazado del canal se divide en cuatro tipologías, con distintos riesgos potenciales de naturaleza geotécnica. La mayoría del canal discurre a media ladera -casi 26 kilómetros-, con el canal excavado a través de los suelos de recubrimiento hasta alcanzar el techo más o menos alterado del substrato de roca. También existen otros veinte tramos perforados en túnel, que suponen un total de seis kilómetros de longitud, y otros 21 en sifón o tubería a presión, generalmente doble, elevados sobre apoyos puntuales empleados para el cruce de vaguadas, y que suponen seis kilómetros más. Finalmente, el resto del trazado corresponde a tramos en estructura, pequeñas obras de fábrica para salvar vaguadas o regatos de menor entidad por los que el canal sigue discurriendo en lámina libre.

El Consorcio tiene constancia de que, a lo largo de su vida, esta conducción ha sufrido múltiples daños de diversa índole, como asientos, deformaciones, fisuras o filtraciones que han obligados a numerosas reformas, llegando a ser necesario sustituir tramos en canal por tramos en túnel. Uno de los más graves ocurrió en 1963, cuando se rompió la conducción y la capital vizcaina estuvo sin agua veinte días, un incidente que sirvió, de hecho, de aldabonazo para la creación del Consorcio de Aguas.

El último, en 1987 El último estudio exhaustivo de los condicionantes geológicos y geotécnicos de la conducción se realizó en 1987, en el que se identificaron los potenciales riesgos del trazado y se realizó un detallado inventario de los daños detectados proponiendo actuaciones, algunas de las cuales se incluyeron en el mismo proyecto. Con carácter posterior a ese trabajo se han seguido produciendo daños en el canal, algunos de carácter importante y no se tiene constancia documental de las reparaciones que se han podido llevar a cabo.

Por ello, el Consorcio considera fundamental actualizar el estudio de riesgos, para poder conocer mejor la vulnerabilidad del canal, determinar las zonas que presentan un riesgo de deterioro mayor y establecer prioridades a la hora de planificar las actuaciones de rehabilitación y acondicionamiento que sean necesarias.

Los trabajos consistirán tanto en una recopilación y revisión de la información existente sobre deslizamientos de laderas ocurridos en el pasado, como en un reconocimiento in situ del terreno. Para ello se identificarán, por un lado, los elementos que puedan causar daños a la canalización, como espacios inestables o zonas de escorrentía, y por otro, los daños en la propia estructura del canal, como grietas, descalces en los apoyos de los sifones, tramos del canal a la vista o fugas. A partir de la información recopilada en esta primera fase, se realizará un primer diagnóstico para decidir la incidencia de los fenómenos, se valorará si hay peligro o no, y se decidirá si es necesario realizar trabajos complementarios, como sondeos.

El objetivo final será elaborar un mapa de riesgos, en el que se identificarán todos los elementos que pueden causar daños en la tubería situados a una franja de 100 de metros -deslizamientos de suelos, avalanchas de roca, desprendimientos de roca...-, analizando los factores que pueden desencadenar que vuelvan a ocurrir, desde precipitaciones a acciones humanas como construcciones o excavaciones. También se tendrá en cuenta las personas que se verían afectadas si ocurriera un suceso de este tipo; el canal dispone de tomas de abastecimiento directas sin depósito de regulación, por lo que el mismo sucesos aguas arriba y aguas abajo de esa toma no tendría la misma repercusión.

Estos trabajos comenzaron el pasado 4 de julio y se prolongarán durante ocho meses. Tendrán un coste de 92.000 euros y, al suponer una inspección exterior, el suministro de agua no se verá afectado en ningún momento.