BILBAO - En una sociedad con una población que mayoritariamente supera los 60 años de edad, no es de extrañar que surjan movimientos que reivindiquen nuevas fórmulas de viviendas. Una de ellas es precisamente lo que se denomina cohousing, que en Bilbao reivindican desde hace años colectivos de personas mayores. No es fácil satisfacer esta petición con suelo público, según explican desde las áreas de Vivienda tanto del Gobierno vasco como del Ayuntamiento de Bilbao, pero sí han anunciado que en Zorrotzaurre está prevista la construcción de una promoción de vivienda en cooperativa para mayores en suelo público y en régimen de alquiler. El primer paso en Euskadi se ha dado en Donostia, en lo que se denomina Txomin Enea, una prueba piloto cuyos resultados serán fundamentales para avanzar en este tipo de vivienda.
Desde hace años ciudadanos particulares solicitan al concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Bilbao, Goyo Zurro, la cesión de suelo público para construir viviendas por su cuenta en régimen de cooperativa y poder vivir en comunidad. Es lo que se conoce en Europa como cohousing, que ha empezado a despertar un gran interés en Euskadi.
En el último pleno municipal fue la asociación Egunsentia, formada por alrededor de sesenta personas que ya manifestaron hace tres años en este periódico su interés por constituir la primera comunidad de viviendas para jubilados en régimen de cooperativa de Bizkaia, la que buscó el apoyo de la corporación para impulsar una promoción de la coviviencia para mayores. María Asunción Fernández Ostolaza, en representación de la asociación, defendió las virtudes de impulsar una vivienda colaborativa sénior o intergeneracional que, según dijo, “tendrá efectos sociales, sanitarios y medioambientales de interés para Bilbao”.
Encontrar la fórmula para hacer realidad una experiencia de viviendas colaborativas en Bilbao no es fácil, según relata Goyo Zurro, concejal de Vivienda. Por un lado, por la escasez de suelo, pero también porque desde lo público es difícil regular este tipo de cesión. El edil bilbaino relata que “en España, todos los proyectos de viviendas colaborativas o cohousing están en una fase muy incipiente. Están en su fase inicial de desarrollo. Y todas las administraciones públicas estamos trabajando, más o menos, en las mismas líneas”.
Para atender esta demanda hay diferentes propuestas. Desde el puro alquiler protegido del Programa de Vivienda Accesible para Mayores de Madrid o el Programa de Viviendas Intergeneracionales de Plaza América en Alicante, hasta proyectos exclusivamente privados como los de Trabensol y Entrepatios en la Comunidad de Madrid, Residencial Antequera en Andalucía, Axuntase en Asturias o Brisas del Cantábrico en la localidad cántabra de Meruelo. Pero la apuesta más actual y novedosa de las administraciones públicas de otras ciudades o comunidades autónomas, son proyectos de cesión del derecho de superficie sobre suelo público.
Zurro explica que se trata de “una cesión a cooperativas de vivienda en régimen de cesión de uso, durante un plazo máximo de 75 años que deben contar con un proyecto arquitectónico. Todos ellos para la promoción de Vivienda Protegida mediante la convocatoria abierta de un concurso público, solo para cooperativas de cesión de uso y entidades sin ánimo de lucro”.
En definitiva se trata de superar los tradicionales modelos de tenencia -alquiler o compra- por esta modalidad de la cesión de uso. La cooperativa adjudicataria es la titular del derecho de superficie y es la propietaria de la edificación. La administración pública mantiene la titularidad del suelo e ingresa un precio por esa cesión que se fija en el concurso. Las personas socias acceden a la cesión de uso de la vivienda con una aportación inicial y una renta mensual. Dependiendo de los lugares y las zonas de las ciudades donde estén ubicadas, las cantidades pueden oscilar entre 15.000 y 20.000 euros para la aportación inicial y entre 500 y 700 euros de una renta mensual que sirve para la amortización del préstamo, la conservación y el mantenimiento de la edificación y las inversiones y actividades propias de la comunidad.
Por las características y requisitos de los posibles cooperativistas, la mayoría de estos proyectos van dirigidos a personas solicitantes de vivienda pública con las rentas anuales más cercanas al límite superior. Un tramo de aspirantes que, por el sistema de baremación, tienen mucho más complicado ser adjudicatarias de una vivienda de alquiler social, pero tampoco llegan a poder pagar una vivienda libre con sus ingresos.
Los cooperativistas siempre pueden renunciar al derecho de uso de la vivienda y recuperar la aportación inicial actualizada. Y ese derecho es indefinido y transmisible a sus herederos. La gestión es colectiva para administrar y conservar el edificio. Y tienen mucha importancia los estatutos y normas internas. La cooperativa se debe mantener durante 75 años, a diferencia de las cooperativas de vivienda tradicionales, que se disuelven cuando finaliza la promoción del edificio.
Proyectos de este tipo han sido puestos en marcha, por ejemplo, por el Ayuntamiento de Barcelona o el de Zaragoza, así como por comunidades autónomas como la de Baleares o Euskadi, con el proyecto de Txomin Enea en Donostia, que promueve el Departamento de Vivienda del Gobierno vasco para construir 116 viviendas.
