Solo el 2% de las 250 transiciones de centro de día a residencia para personas con discapacidad en Bizkaia ha sido “de oficio”

Amaia Antxustegi, diputada de Acción Social, ha comparecido para tratar de “separar el ruido de la realidad” en torno a los dos nuevos decretos forales que regulan el acceso a residencias y centros de día para personas con discapacidad y los precios públicos. Tal y como ha subrayado, estos marcos normativos pretenden dotar al sistema de “mayor seguridad jurídica, coherencia y equidad” a largo plazo, poniendo el foco sobre “desigualdades históricas” e “inercias”.

Y es que, como ha reconocido, los recursos públicos no son infinitos. El objetivo último es asegurar que los apoyos se adapten con rigor a la evolución de las necesidades reales y etapas vitales de cada persona usuaria. “No son fruto de una decisión coyuntural o improvisada”, ha indicado sino que responden a una "hoja de ruta" ya definida en el Plan para la participación y calidad de vida de las personas con discapacidad en Bizkaia. 

La unidad familiar

De hecho, Antxustegi ha rechazado los planteamientos que ya apuntan a una maniobra recaudatoria. El motivo fundamental de ese nuevo modelo obedece a esa proporcionalidad en los esfuerzos económicos de las personas usuarias y sus familias, según el caso. Y es que en las plazas residenciales se mantiene la capacidad económica individual, mientras que la referencia a la unidad familiar para los centros de día “busca evitar desigualdades injustificadas”. 

Y ha ofrecido datos que cuestionan los discursos alarmistas lanzados por ejemplo desde el Grupo Popular. Por ejemplo, el año pasado la aportación media en centros de día fue de 4,10 euros por día y 265 personas (21,08%) no abonaron cantidad alguna al tiempo que únicamente 19 de las 1.257 personas usuarias alcanzaron el precio público máximo de 12,54 euros por día. En cuanto a las residencias se refiere, la aportación media fue de 13,27 euros por día, con 78 personas que no abonaron nada y únicamente de 9 de 1.655 personas usuarias alcanzaron el máximo de 46,52 euros por día.

"La edad no es criterio único"

Antxustegi también ha justificado el pago de la plaza durante ausencias por hospitalización como una medida para garantizar la reserva del recurso y la continuidad de los apoyos. Aunque el asunto que más polémica ha generado es el referido a las transiciones entre recursos para personas con discapacidad: de centro de día a residencia. Un reciente caso ocurrido en Zornotza ha servido para poner sobre la mesa cómo se actúa y los motivos por los que se adoptan esas decisiones. Aunque este traslado en cuestión ya estaba planteado antes de que estos decretos vieran la luz, Antxustegi ha querido dejar claro que “la edad no es criterio único” para decidir esa operativa.

Hay otros muchos factores que perfilan el mundo de la discapacidad y que son abordados en su integridad antes de tomar cualquier decisión. El objetivo final es garantizar que los apoyos que necesitan estén lo más adaptados posible a las necesidades reales y a la etapa vital de cada persona usuaria.

Por eso mismo, como ha indicado Antxustegi, esos traslados de un recurso de día hacia otro de dependencia están planificadas por los equipos técnicos y cuentan con el acompañamiento de profesionales para que esas transiciones no tengan un impacto sobre el día a día de esas personas. En todos estos años, según datos aportados por la diputada de Acción Social, únicamente se ha actuado de oficio, de forma extraordinaria, en el 2% de los 250 traslados habidos entre recursos asistenciales.