Denuncian un "grave bloqueo" en los juzgados de Getxo que paraliza las decisiones sobre custodias y menores
Señalan que el origen de este colapso radica en que se ha producido la baja simultánea por incapacidad temporal tanto de la psicóloga titular del servicio como de la persona que había sido designada para sustituirla
La maquinaria judicial en Getxo se encuentra en una situación de "grave bloqueo operativo". Así lo ha denunciado este viernes la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), que alerta de la paralización indefinida de numerosos procedimientos judiciales de carácter altamente sensible, especialmente en el ámbito de familia y capacidad. El motivo, señalan, es la ausencia total de personal en el Equipo Psicosocial de referencia.
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El origen de este colapso, explican, radica en que se ha producido la baja simultánea por incapacidad temporal tanto de la psicóloga titular del servicio como de la persona que había sido designada para sustituirla. Esto ha dejado a los juzgados de la localidad costera sin margen de maniobra para elaborar los informes psicosociales, un trámite preceptivo y absolutamente esencial para que los jueces puedan tomar decisiones en asuntos que afectan directamente a menores de edad y personas con discapacidad.
Desde la AJFV denuncian que, a pesar de los "reiterados requerimientos y comunicaciones" enviadas durante las últimas semanas, el Ejecutivo vasco no ha procedido al nombramiento de un nuevo profesional que permita desatascar el servicio.
Suspensión de juicios y aumento de quejas
Las consecuencias de esta falta de respuesta institucional, señalan, ya se están notando en el día a día de los juzgados de Getxo. La imposibilidad de contar con los informes periciales ha obligado a los jueces a dictar la suspensión de vistas y señalamientos judiciales. Alertan de que este escenario, calificado de "colapso" por la asociación, choca directamente con el derecho a la tutela judicial efectiva y desprotege a colectivos especialmente vulnerables. La paralización afecta a decisiones críticas para la vida de las familias, como la asignación de custodias, el establecimiento de regímenes de visitas, las medidas de protección de menores o los sistemas de apoyo a personas con discapacidad.
Señalan además que la situación ha provocado un notable incremento de las quejas formales presentadas tanto por los ciudadanos directamente afectados como por los operadores jurídicos que ven bloqueado su trabajo. Los profesionales de la justicia advierten de que la ausencia prolongada de un psicólogo en el Equipo Psicosocial "puede agravar aún más la saturación" y retrasar durante meses la resolución de estos conflictos vitales. Por ello, exigen una "solución inmediata" que garantice la continuidad del servicio y evite que la burocracia siga vulnerando los derechos fundamentales de quienes requieren una especial celeridad y protección por parte de las instituciones.