Justicia tributaria y justicia social. Dos expresiones que han ido de la mano esta vez para eliminar una excepción que fue puesta sobre la mesa hace unos meses por Eneritz de Madariaga (Elkarrekin Bizkaia) y que ha pasado a la historia gracias a la modificación introducida en la norma foral de Haciendas Locales para permitir que los ayuntamientos puedan gravar a las empresas de telefonía móvil por el aprovechamiento de suelo, “subsuelo y vuelo” público.
De este modo se corrige esa anomalía ya que otras compañías (telefonía fija e internet, servicios eléctricos o de agua, por ejemplo) sí que estaban sujetas a pagar un impuesto. En esta ocasión se ha determinado que ese gravamen sea del 1,5% sobre el total de los ingresos brutos que las operadoras obtengan anualmente en cada término municipal. Tal y como recordó la proponente de esta iniciativa, este sector factura miles de millones de euros en cada ejercicio “sin contribuir económicamente por el uso privativo del espacio público en la mayoría de los municipios de Bizkaia”.
Decisión municipal
Será el propio ayuntamiento el que adopte la decisión de aplicar o no esa tasa que contribuiría a sanear arcas locales y a avanzar hacia esa suficiencia financiera de la que se habla en el plano teórico. Y para ello, cada cual deberá incluir este cambio legislativo en sus ordenanzas fiscales municipales.
La decisión de modificar esa normativa fue unánime. E incluye, como puntualizaron desde el PNV, la prohibición expresa de que la cantidad final a pagar no sea repercutida en la persona usuaria de esos servicios.
