Bizkaia estrecha el cerco a los vehículos de transporte con conductor, más conocidos como VTC. Solo en el primer trimestre de este año, se han interpuesto medio centenar de sanciones, por valor de 56.000 euros, sobre todo por realizar trayectos urbanos, algo que tienen terminantemente prohibido por ley. Además, la Diputación Foral de Bizkaia ha empezado a realizar inspecciones mensuales a este medio de transporte, que ya suma 162 licencias en Bizkaia frente a las 1.249 que existen de taxi.
La diputada de Transportes, Movilidad y Turismo, Sonia Pérez, ha reconocido este miércoles que la irrupción en el mercado del transporte en Bizkaia de este tipo de servicios "ha generado debate y preocupa legítimamente al sector del taxi y a la ciudadanía", en una comparecencia en las Juntas Generales solicitada por Elkarrekin Bizkaia. Tras la resolución de las cuestiones jurídicas que se mantenían en los tribunales, desde el año pasado el número de estos vehículos se ha incrementado hasta alcanzar actualmente las 162 licencias.
Ha sido este, precisamente, el primer aspecto que ha querido recordar Pérez: la institución foral "no tiene competencia normativa para limitar el número de autorizaciones VTC ni para regular sus condiciones básicas de otorgamiento", que corresponde al Estado. "La Diputación no decide cuántas licencias se conceden ni puede modificar los requisitos". Eso sí, son los encargados de otorgar esas licencias, en base a la normativa vigente. "La mayoría de solicitudes de nuevas autorizaciones se rechazan, unas por no cumplir los requisitos y otras por no aportar la documentación necesaria. No se concede una sola autorización que no esté plenamente justificada por ley".
Labor de control
El departamento que dirige sí que tiene competencia plena en la inspección y control de la actividad, junto al del resto de transporte de mercancías, escolar, las concesiones de Bizkaibus y los taxis, una labor en la que también participan la Ertzaintza y las policías municipales.
Las VTC tienen un ámbito de actuación muy concreto, con limitaciones a su actividad. Así, por ejemplo, desde el 30 de septiembre de 2022 solo pueden prestar servicios interurbanos, estando prohibidos los urbanos. Algunas disposiciones de la normativa vasca, como la obligación de precontratar con 30 minutos de antelación o la prohibición de estar geolocalizados, se encuentran actualmente suspendidas por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
El control del transporte en Bizkaia recae, principalmente, en el Servicio de Ordenación del Transporte del departamento que encabeza Pérez. El equipo lo integran una decena de personas, siete ayudantes de inspección que trabajan sobre el terreno y tres técnicos que se encargan de tramitar los expedientes sancionadores. La diputada ha anunciado que ha solicitado la incorporación de una cuarta plaza técnica de inspección. "Hablamos de un ámbito de control muy amplio y con una actividad económica muy relevante que exige una labor constante de verificación documental, inspección en carretera y tramitación de expedientes sancionadores. Es un sector que mueve miles de servicios diarios y una parte muy importante de la movilidad y de la actividad logística del territorio", ha destacado la responsable foral.
Sanciones
Las sanciones que se han interpuesto en todo el sector del transporte fueron de 874.000 euros en 2021; 1,1 millones en 2022; 906.000 euros en 2023; cerca de un millón en 2024, y 1,1 millones de euros entre enero y noviembre del año pasado. "La actividad inspectora es sostenida, intensa y cada vez más eficaz", ha defendido Pérez. "El sistema de la inspección funciona, las irregularidades se detectan y las infracciones se sancionan".
Respecto al incremento registrado el año pasado, la diputada ha explicado que tanto la Ertzaintza como el personal inspector foral realizaron una formación específica en transporte de materias peligrosas, "un ámbito especialmente sensible desde el punto de vista de la seguridad vial y el transporte", con sanciones de mayor cuantía debido al riesgo potencial que implican.
Inspecciones mensuales
Dentro del plan de inspección que se diseña todos los años, este ejercicio se ha establecido por primera vez un ámbito de actuación específico para los VTC -que hasta ahora se vigilaban junto a los taxis-, con controles mensuales. El objetivo, ha explicado Pérez, es verificar "de forma sistemática" que las autorizaciones no se utilizan para prestar servicios urbanos. "Los resultados no se han hecho esperar: en apenas tres meses las actuaciones inspectoras han dado lugar a sanciones por valor de 56.000 euros", ha informado. Se corresponden con un total de 56 multas de 1.000 euros cada una, sobre todo por hacer traslados dentro del mismo municipio.
El control de este sector se realiza además mediante un sistema de coordinación entre distintas administraciones. La Diputación ha elaborado un protocolo específico de inspección para VTC, que ha sido distribuido tanto a la Ertzaintza como a todos los ayuntamientos del territorio. Este documento establece qué aspectos deben comprobar los agentes durante las inspecciones y qué administración es competente para tramitar cada tipo de infracción. La difusión de este protocolo ha facilitado la detección de irregularidades y ha contribuido a que durante 2025 se haya producido un incremento de denuncias remitidas por distintas policías locales, especialmente desde municipios como Bilbao o Getxo.
"El control del transporte no depende de una sola administración. Requiere coordinación entre la Diputación, las policías locales y la Ertzaintza. Cuando todos los agentes conocen qué deben controlar y cómo hacerlo, la capacidad de supervisión del sistema aumenta", ha subrayado la diputada foral.
