En Bizkaia, donde cada vez son más los hogares que comparten su vida con perros, gatos y otras mascotas, el cuidado de los animales forma parte de la rutina diaria. Sin embargo, desde la entrada en vigor del Real Decreto 666/2023, muchas familias y profesionales del sector veterinario han detectado serias trabas en la atención médica a los animales. Los tratamientos ahora son más lentos, más costosos y, en ocasiones, menos eficaces. La preocupación crece entre quienes ven cómo esta normativa -pensada para controlar la resistencia a los antibióticos- está generando efectos adversos sobre la salud de sus compañeros peludos.
Isabel Holguera, vecina del barrio bilbaino de Deusto y voluntaria en el refugio Gatuneando Bizkaia, convive con dos gatas -Sasa y Alan- y un ratón, Pipi. Su implicación en esta causa se estrechó en 2020, cuando, junto a una amiga, comenzó a colaborar con centros de rescate y cuidado de animales en situaciones de exclusión o maltrato. Desde entonces, su labor ha acompañado a decenas de seres vivos con historias difíciles y finales diversos, lo que le permite conocer muy bien los desafíos que enfrentan muchas familias al llevar a su mascota a curarse.
“La ley no tiene en cuenta que cada minuto cuenta cuando un animal está enfermo o con dolor”
“La nueva ley impide a los veterinarios dispensar directamente medicamentos y, en muchos casos, obliga a hacer un antibiograma -una prueba de laboratorio que puede tardar más de una semana-. Pero si el animal tiene una infección y necesita tratamiento urgente, esa espera puede costarle la salud, o incluso la vida”, advierte Isabel.
El análisis de una muestra para un antibiograma, según explica, puede llegar a necesitar entre siete y diez días de incubación y verificación. En ese tiempo, la criatura puede empeorar, deshidratase o incluso fallecer. Y lo más dramático: hay casos concretos donde la demora ha sido determinante. “Conozco varios casos en los que la mascota murió antes de recibir el tratamiento necesario”, relata Isabel con tristeza. No se trata solo de una anécdota, sino de una realidad que el sector voluntario y las protectoras han denunciado en varias ocasiones.
El problema empeora por otro motivo: muchas fichas técnicas de medicamentos veterinarios están desactualizadas. Esto limita la capacidad de los veterinarios para prescribir tratamientos óptimos, obligándoles a recurrir a alternativas menos eficaces. “Por cumplir la normativa, tuve que aplicar unas gotas para gatos que no eran las más adecuadas. Al día siguiente, el animal volvió con el ojo hinchado como nunca. Si hubiéramos usado el colirio humano, como antes, habríamos evitado esta complicación”, señala a DEIA un veterinario de Bizkaia que, como gran parte del sector profesional, prefiere no desvelar su identidad debido a la difícil situación a la que se ven sometidos.
“No es solo un animal, es parte de nuestra familia. Cuando enferma no podemos esperar días”
El impacto normativo no solo ralentiza la atención, sino que también encarece los tratamientos veterinarios. “Antes, el medicamento se dispensaba al instante y en la forma exacta. Ahora hay que tramitar receta, esperar y, muchas veces, vienen envases industriales pensados para ganaderos, no para mascotas domésticas. Eso encarece todo y genera desperdicio”, explica Isabel Holguera. El encarecimiento de los medicamentos, agrava aún más la carga que ya supone el IVA del 21% sobre los servicios veterinarios. Para muchas familias, se suma una nueva barrera económica en el cuidado responsable.
El malestar no afecta solo a particulares. Equipos de protectoras locales denuncian sentirse “agotados y abandonados” ante la nueva burocracia. “Quienes dedicamos tiempo y recursos a cuidar gatos callejeros, perros abandonados o animales heridos estamos cansados de tantas trabas. Se habla de bienestar animal, pero luego nos encontramos impedimentos casi absurdos para darles una vida digna”, señala Isabel Holguera. En varios centros se han visto obligados a prolongar estancia debido a la falta de acceso a tratamientos adecuados.
Veterinarios de toda Bizkaia también comparten esta preocupación. Fuentes del sector reconocen el “gran sufrimiento profesional y emocional” que genera la aplicación del Real Decreto. “No se trata de saltarse los controles, pero sí de entender que esa burocracia está afectando al bienestar real de los animales. A veces, hay que elegir entre un turno administrativo o actuar en función de lo que necesita el animal. Cuando elegimos lo segundo, corremos el riesgo de incumplir una norma. Estamos atados de manos”.
La combinación de demora en la receta electrónica, falta de medicamentos específicos y una cadena logística lenta son factores que dificultan seriamente la labor diaria de los veterinarios. Desde el Colegio Oficial de Veterinarios de Bizkaia reconocen el esfuerzo colectivo que se está haciendo para adaptarse al nuevo sistema, aunque admiten que todavía hay “graves rigideces”. Para visibilizar la situación, se han llevado a cabo diversas concentraciones en Bilbao, donde profesionales han denunciado la complejidad de este nuevo escenario sanitario.
En Bizkaia, donde uno de cada tres hogares convive con al menos una mascota, el vínculo entre humanos y animales no es una cuestión superficial. Y cuando se pone en juego su salud, también se pone en riesgo la tranquilidad de sus cuidadores. Isabel, con Sasa en brazos, lo expresa mejor que nadie: “Solo pedimos sentido común. Ellos no entienden de leyes, solo de cuidado”.
