La profesión veterinaria atraviesa una crisis sin precedentes tras la entrada en vigor del nuevo Real Decreto impulsado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que regula el uso de medicamentos veterinarios. Las restricciones impuestas por esta normativa, según denuncian los profesionales del sector, ponen en jaque la praxis diaria y comprometen la salud animal. Álvaro Mateos Amann, presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Bizkaia, del Consejo de Veterinarios del País Vasco y representante del sector en Bruselas, recibe a DEIA para explicar en detalle la problemática, sus consecuencias y las movilizaciones en marcha.

¿Cuál es el origen del conflicto actual con el Ministerio?

Desde el Consejo General de Colegios Veterinarios ya advertimos al Ministerio. Presentamos más de 50 folios de alegaciones al Real Decreto porque no tenía sentido aplicar la misma normativa a una vaca, que produce alimentos, que a un perro o un gato. Con la entrada en vigor de la ley también para animales de compañía en enero, el problema se ha agravado notablemente. Lo más preocupante es que no se ha querido escuchar a la profesión veterinaria. Somos los primeros interesados en luchar contra las bacterias resistentes, pero las medidas se han impuesto con demasiada rapidez y sin dotarnos de los medios necesarios.

¿Era posible cumplir el reglamento europeo sin llegar a esta situación?

En países como Dinamarca o Suecia se ha aplicado la ley, pero sin tanta burocracia y escuchando a la voz veterinaria. Si bien la normativa comunitaria hace recomendaciones, el Real Decreto las convierte en obligaciones rígidas que no tienen en cuenta la realidad clínica ni las necesidades del día a día. 

¿Puede poner un ejemplo concreto para que los lectores lo comprendan mejor?

Actualmente, la normativa impide usar medicamentos de uso humano, aunque en algunos casos sean más accesibles y clínicamente adecuados. Hasta ahora, los veterinarios éramos quienes garantizábamos la dosis justa para cada animal. Sin embargo, ahora es obligatorio acudir a la farmacia y adquirir medicamentos diseñados para ganadería, lo que genera problemas añadidos: aumentan los residuos, los costes y se pierde un tiempo valioso en el tratamiento.

“Nos obligan a recetar medicamentos pensados para ganadería incluso cuando hay alternativas mejores y más seguras”

¿Hasta qué punto afecta esto a los animales y a los veterinarios?

Muchísimo. Hay antiinflamatorios que, por experiencia clínica, sabemos que no funcionan bien en gatos. A veces sería más eficaz ajustar la dosis con una medicina humana, pero la ley no lo permite. Una compañera me contaba que tuvo que recetar unas gotas porque la normativa la obligaba, a pesar de saber que podían provocarle una reacción al gato. Al día siguiente, el animal volvió con la cara completamente hinchada. Estamos hablando de sufrimiento animal innecesario por cumplir una norma que, en muchos casos, no tiene sentido clínico. Además, muchas clínicas no pueden permitirse esperar dos semanas a los resultados de un antibiograma cuando hay un animal sufriendo. 

¿Han intentado dialogar con el Ministerio?

Llevamos tiempo pidiéndolo. Solo pedimos que nos escuchen. Queremos trabajar juntos, pero no hay manera. Hemos acudido al Congreso, hablado con grupos parlamentarios… Y mientras tanto, la profesión se ve forzada a resistir ante una ley que afecta a la buena praxis.

¿En qué medida afecta esta ley a la relación entre veterinario y paciente?

La relación de confianza entre veterinario y paciente, y viceversa, se ve muy perjudicada. Nos encontramos explicando que no podemos usar lo que sabemos que funcionaría mejor, y eso genera incomprensión. El propietario siente que su animal está recibiendo un tratamiento limitado o tarde. Y en parte es cierto. La ley interfiere en el juicio clínico que es la base de una buena medicina.

¿Qué tipo de casos se están viendo a diario en las clínicas?

Casos muy variados, pero cada vez más comunes que exigen tomar decisiones rápidas como infecciones que requieren antibióticos inmediatos. Si no podemos actuar en el momento, la situación se agrava. Hay animales que podrían curarse con un tratamiento inmediato y que ahora tienen que esperar.

¿Qué acciones ha emprendido el Colegio de Veterinarios de Bizkaia?

Nos hemos movilizado. Tuvimos una manifestación muy exitosa en Bilbao, con más de 2.000 personas. También hemos mantenido reuniones con representantes políticos y autonómicos, que nos han mostrado su apoyo. Lo que pedimos es una modificación del Real Decreto y que se respeten las recomendaciones del reglamento europeo, sin imponer cargas adicionales.

¿Qué mensaje lanza a la ciudadanía y a las autoridades desde el colectivo veterinario?

Pedimos ayuda. La ciudadanía ya nos apoyó masivamente en las calles. Queremos ejercer nuestra profesión, pero se nos pone trabas constantes. Esta es una lucha por el bienestar animal, por la salud pública y por el respeto a una profesión que siempre ha trabajado en silencio y con rigor. No buscamos enfrentamientos, sino soluciones sensatas. Y creemos que todavía estamos a tiempo.