La pesadilla no cesa para G.H.C., vecino de una de las viviendas del número 20 de la Estrada de La Rozada. Tras más de tres años denunciando continuos ataques con piedras lanzadas desde la vía pública hacia su vivienda, este viernes 4 de julio volvió a sufrir un nuevo episodio de violencia que suma ya una larga lista de incidentes desde que el Ayuntamiento cambiara en 2022 el vallado perimetral por un murete de piedra caliza, vulnerable a ser desmontado por vándalos.
Según ha relatado el propio afectado a este periódico, "este viernes me arrojaron 10 piedras sobre la finca", aunque no pudo comprobar si impactaron contra la vivienda, ya que trabaja de noche y no llegó a casa hasta la medianoche.
A la mañana siguiente, al descubrir las piedras en su propiedad, se puso en contacto con la policía local. “Les informé del hallazgo y les pregunté si se iban a pasar para comprobar desde qué parte del muro pudieron haberlas lanzado, pero su respuesta fue que no lo harían, que dejarían constancia de la queja, y que además no habría agentes disponibles ni por la tarde ni por la noche”, denuncia con impotencia.
Menores de edad
Ante la falta de medios, solicitó que la propia policía local alertase a la Ertzaintza, a lo que le contestaron que lo harían. Pero para este vecino, la realidad es que ni uno ni otro cuerpo ha dado una solución efectiva desde que comenzaron los ataques. “La actuación de ambos cuerpos es completamente infructuosa. Mientras tanto, los agresores –en su mayoría menores de edad, según se ha podido comprobar en ocasiones anteriores– siguen actuando con total impunidad”.
Sin herramientas legales
El origen de la situación se remonta a 2022, cuando el Ayuntamiento sustituyó una valla perimetral de 1,80 metros por un muro de piedra caliza embutida en una estructura metálica de apenas 1,10 metros de altura. Desde entonces, jóvenes del entorno –algunos de ellos identificados como alumnos problemáticos de un cercano centro educativo– han utilizado las piedras del muro como munición para apedrear la casa, causando daños en fachadas, tejados y generando una situación de constante angustia para el vecino.
“No tengo más herramientas legales que llamar a la policía si me atacan mientras estoy en casa. Si no, solo puedo denunciarlo al día siguiente. Y la respuesta es siempre la misma: pasarse la pelota entre Ayuntamiento y policía”, explica G.H.C., que asegura haber interpuesto al menos cinco denuncias en los últimos meses sin que se haya tomado ninguna medida efectiva. “Ni siquiera se ha repuesto la cámara de vigilancia que instaló el anterior alcalde”, subraya.
Pantalla vegetal
Según ha podido saber este medio, la propia policía local habría solicitado al actual alcalde, Miguel Ángel Gómez Viar, que se modifique el muro para impedir que las piedras sean utilizadas como proyectiles. Sin embargo, hasta la fecha no se ha dado respuesta alguna. “Nadie asume responsabilidades. Y mientras tanto, yo soy la víctima que vive en un estado de miedo constante. Tengo 14 pinos plantados para crear una pantalla vegetal, pero necesitarán años para crecer y protegerme. ¿Y mientras tanto, qué?”, se pregunta desesperado.
La situación se agrava por la falta de patrullas en determinados turnos, como la madrugada de este sábado, cuando, según cuenta el propio vecino, no había agentes disponibles, lo que deja al vecino en total desprotección frente a los ataques. “Esto ya no es solo vandalismo: es una forma de violencia diaria que se tolera con pasividad institucional”, concluye el afectado, quien insiste en que no dejará de denunciar públicamente lo que le está sucediendo.
