El Gobierno español tendrá que asumir en 2027 el 50% del gasto en la gestión del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que en 2024 fue de casi 500 millones de euros en Bizkaia, según datos aportados por la diputada de Acción Social Amaia Antxustegi, en una comparecencia en las Juntas Generales a petición del PP.

Tal como indicó Antxustegi, el Ejecutivo del Estado tendrá que asumir el 50% de este gasto para 2027 en función del acuerdo alcanzado en la Comisión Mixta del Concierto Económico, del 10 de abril. De esta forma, señaló, el nuevo acuerdo alcanzado en la Comisión Mixta del Concierto Económico tendrá un “impacto significativo” en la financiación del gasto en la gestión del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), ya que la Diputación Foral de Bizkaia verá reducida la carga que actualmente soporta en el horizonte de 2027, porque el Estado asumirá el 50% de forma “gradual”.

Según el último certificado hecho público ayer por la diputada de Acción Social, con datos de 2024, el territorio histórico destinó casi 500 millones de euros al SAAD.

Amaia Antxustegi advirtió de que la diferencia entre financiar el 16-17% como ocurre actualmente, o la mitad, representa “una cantidad importante que podría estar disponible para otros fines o para mejorar los servicios existentes”. En ese sentido, el acuerdo eleva “significativamente” el presupuesto de la Diputación. Antxustegi aseguró que ese dinero “se invertirá en aquellos servicios que necesita la ciudadanía” y que harán un “uso responsable” del mismo.

La nueva financiación se desplegará “de manera gradual” durante lo que queda de legislatura a partir de la aprobación de la siguiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, confirmó Antxustegi. No obstante, aseguró que se garantiza que en 2027 el País Vasco recibirá del Estado el 50% del gasto del sistema. El acuerdo, apuntó, impacta en la inversión del gasto certificado al aumentar “drásticamente” la contribución del Estado, lo que “potencialmente libera recursos” que actualmente soportan las administraciones vascas.

Antxustegi explicó que los detalles sobre la cantidad final y cómo se invertirán específicamente esos recursos adicionales aún no están definidos, ya que dependen de un grupo de trabajo bilateral de negociación que acaba de constituirse.

Este grupo analizará los gastos en dependencia y acordará la metodología de desarrollo que se aplicará para determinar la financiación complementaria y su aplicación gradual. Por lo tanto, en un estado “tan inicial” de las negociaciones, la Diputación quiere “ser prudente y no concretar cifras que podrían crear expectativas elevadas”.

El PP ha trasladado su deseo de que el dinero que quede disponible se invierta “única y exclusivamente para mejorar la calidad de vida de las personas dependientes y de las familias que les atienden”, pidiendo que sea “nominal para la dependencia”.