El departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad considera que “siempre que se adopten las medidas protectoras y correctoras establecidas” en la resolución publicada en el Boletín Oficial del País Vasco, “así como las planteadas por el promotor que no se opongan a las anteriores, no es previsible que con la ejecución del proyecto se generen afecciones negativas significativas sobre el medio ambiente”. Así ratifica la declaración ambiental favorable para habilitar una planta de almacenamiento de energía en Güeñes con 59 baterías contigua a la subestación eléctrica de La Jara, a la que se conectará.
La instalación afectaría a una superficie de 3.900 metros cuadrados dentro de un área total de 15.800, 641 de ellos, edificados. Constaría de las mencionadas 59 baterías con capacidad instalada de 81,20 megavatios hora en total, doce inversores con una potencia total de 24 megavatios y seis transformadores. La planta “se sitúa estratégicamente contigua a la subestación La Jara, donde se realizará la conexión de la instalación de almacenamiento de energía con la red de distribución existente”, precisa el informe.
El proyecto persigue garantizar el almacenamiento de energía “por medio de baterías de tipo stand alone”. Es decir, “sin estar integradas en una central de generación”, con el objetivo de guardar la energía que, más tarde, “se verterá a la red cuando sea necesaria” en un momento en el que se han planteado varios proyectos de parques eólicos en Enkarterri.
Así, conformarían la infraestructura “seis islas de potencia, de características y geometría similares, compuestas por baterías, inversores y un transformador elevador”. El sistema se basa “en im almacenamiento electro químico” en el que se utilizan baterías de litio ferrofosfato, cuyo ciclo de vida se estima en veinte años. Los elementos que integrarían la planta “son prefabricados y están preparados para ser montados y desmontados en cadena sin elaboración de materiales en obra ni empleo de soldaduras”.
El informe descarta riesgos relacionados con Planes de Gestión de fauna amenazada, de aves necrófagas de interés comunitario o de zonas de protección para la avifauna, inundabilidad, sismicidad, amenaza elevada de incendio forestal o la presencia de zonas de vulnerabilidad de acuíferos alta o muy alta. También los riesgos altos derivados de accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera o ferrocarril. Además, impone medidas para preservar patrimonio natural y cultural, aguas, suelo y medio rural.
