“Esta sentencia no es firme y contra ella cabe interponer un recurso de casación”. Con este claro y conciso mensaje, la Diputación Foral de Bizkaia reiteró ayer su postura con respecto a la OPE de 2021 para la cobertura de 77 plazas de personal administrativo, en la que se establecía que el 92,2% de las plazas estaban destinadas a aquellos aspirantes con un nivel igual o superior al PL2. Después de que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) haya ratificado la anulación de la OPE, por considerar que es “discriminatoria” para los castellano-parlantes, la entidad foral ha insistido en que recurrirá en casación ante el Tribunal Supremo. Según aseguraron a través de una nota, la resolución “no interpreta correctamente” la normativa aplicable ni en materia de función pública ni en materia lingüística, y sostiene que no se ha entrado “en el fondo” del asunto.
De esa manera, desde la institución foral alegan que a través de este segundo recurso “se pretende garantizar la plena prestación de los servicios indistintamente en cualquiera de las dos lenguas oficiales por personal funcionario público que ha acreditado mayor mérito y capacidad de un proceso selectivo que está acorde con la normativa de función pública, las relaciones de puestos de trabajo, y la normativa lingüística”. Asimismo, explican que la Diputación Foral no pone en cuestión la participación de aquellos que no sepan euskera. De hecho, reiteran que dentro del propio proceso selectivo se contempla que se pueda lograr y acreditar el perfil lingüístico correspondiente, para lo que hay una prueba específica. El objetivo, en cualquier caso, “es adjudicar las plazas de la convocatoria a las personas candidatas más capacitadas para ello”. En cualquier caso, aseguran que “es obvio que quien conozca dos lenguas oficiales en un territorio con dos lenguas oficiales demuestra mayor mérito y capacidad que quien exclusivamente conozca una”.
“Están tratando al euskera como si tuviera la misma fortaleza que el castellano, y no es así”
El pronunciamiento de la Diputación llega después de que el TSJPV haya desestimado el recurso interpuesto por la entidad foral contra la resolución que anulaba una OPE de 2021 para la cobertura de 77 plazas de personal administrativo (18 por concurso oposición y 59 por concurso) con perfiles lingüísticos de carácter preceptivo. La OPE, que fue impugnada por un particular, establecía que el 92,2% de las plazas ofertadas tuvieran como requisito de acceso el conocimiento del euskera con un nivel igual o superior al PL2, lo que el juzgado de los contencioso-administrativo número 6 de Bilbao consideró “a todas luces discriminatorio”. Señalaba, además, que era contrario a derecho en cuanto a la posibilidad de acceder a empleo público en condiciones de igualdad, ya que el colectivo de euskaldunes en Bizkaia (36,3%) podrían optar a la totalidad de las plazas, mientras los castellano-parlantes (46,6%) solo podrían optar al 7%.
La resolución de la sección primera de la sala de lo contencioso-administrativo del alto tribunal vasco, contra la que la Diputación interpondrá un recurso de casación, sostenía, entre otras cuestiones que la sentencia apelada “no ha vulnerado los preceptos de la legislación básica de la función pública ni de la legislación autonómica”. Asimismo, aseveraba que el carácter bilingüe de una unidad administrativa no comporta “inexcusablemente” el conocimiento de los dos idiomas oficiales por parte de los empleados adscritos a la misma, una medida que no podría “imponerse” en los términos defendidos por la entidad foral sin sacrificar el derecho del apelado.
Reacciones
Las reacciones contra el dictamen del TSJPV no se han hecho esperar. Ibone Bengoetxea, vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística del Gobierno vasco, mostró ayer su rechazo absoluto a la sentencia. “No estamos de acuerdo. Nos duele, porque considera que el euskera tiene la misma fuerza que el castellano, cuando es una lengua minorizada y, por lo tanto, necesita de una discriminación positiva. Están tratando al euskera como si tuviera la misma fortaleza que el castellano, y no es así”, declaró antes de exponer que se están dando pasos para lograr la oficialidad del euskera en la Unión Europea, para lo que se requiere el acuerdo de todos los países miembros. “Estamos dando pasos trabajando conjuntamente con el Gobierno español honesta y discretamente”, confesó.
Por otro lado, la plataforma Euskalgintzaren Kontseilua, que anunció que convocará movilizaciones, advertía ayer de que la “ofensiva euskarófoba” contra la normalización del euskera ha afectado ya a más de 500 puestos de trabajo públicos. La organización que reúne a organizaciones y agentes que trabajan en favor de la normalización del euskera calificó la resolución de “ataque judicial” y aseguró que los empleados públicos que conocen las dos lenguas oficiales son “los únicos que pueden garantizar los derechos lingüísticos de toda la ciudadanía”.
