El año pasado se denunciaron tres agresiones sexuales en los centros de menores de Bizkaia, según los datos ofrecidos este lunes en las Juntas Generales por la diputada de Acción Social, Amaia Antxustegi. En los seis años precedentes, entre 2017 y 2022, una treintena de menores tutelados por la institución foral fueron víctimas de estos delitos, aunque solo uno ocurrió en un dispositivo perteneciente a la red residencial foral. "No es habitual que ocurran hechos que puedan ser constitutivos de un delito contra la libertad sexual dentro de los centros de protección", ha advertido la responsable foral de Infancia.
El PP ha pedido la comparecencia de la diputada de Acción Social ante el "alarmante y preocupante" informe de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el que se alerta del incremento de los delitos contra la libertad sexual entre menores y por el que su responsable, Carmen Adán, pedía a las diputaciones que los centros de protección para la infancia no fueran mixtos.
Antxustegi ha advertido en primer lugar de que los delitos a los que se refiere el informe de la Fiscalía "se refieren a delitos contra la libertad sexual cometidos por menores en general, no por menores tutelados por la Administración competente". Además, ha insistido en la importancia de ser "muy cautos" con la información que se ofrece sobre ellos, "para evitar la estigmatización de los menores y garantizar su protección".
Así, ha recordado que el año pasado en Euskadi se registraron 80 delitos de este tipo cometidos por jóvenes que aún no habían cumplido 18 años; de ellos, 24 fueron abusos sexuales y 56 agresiones. También que las denuncias en este ámbito fueron 42 el año pasado, por las 30 de 2022.
De las 42 denuncias interpuestas en 2023, seis quedaron archivadas ya que los autores eran menores de 14 años y en otras cinco "se entendió que no estaba suficientemente justificado el ilícito penal". Sí ha subrayado Antxustegi un dato: en 12 de ellas alguna de las personas implicadas, víctima o agresor, estaba tutelada por la Administración. "En todos esos casos ha sido la entidad de protección quien ha puesto en conocimiento de la Fiscalía el hecho delictivo", ha destacado. De hecho, el mismo informe hace referencia "al buen hacer de las entidades forales a la hora de denunciar este tipo de hechos, siendo una de las causas posible del ascenso de los datos el hecho de comunicar a la Fiscalía e interponer la correspondiente denuncia".
31 denuncias en seis años
En lo referente a Bizkaia, entre 2017 y 2022 se han interpuesto 31 denuncias por delitos contra la libertad sexual hacia menores tutelados por la Diputación, siendo seis víctimas chicos y 25 chicas. El año pasado se instruyeron tres atestados por supuestas agresiones ocurridas en centros de la red de protección de la infancia, "que de momento siguen su curso".
De todas las denuncias interpuestas en esos seis años, solo uno de los casos la agresión ocurrió dentro del centro de protección, "estando implicada otra persona menor de edad tutelada". En el resto de los casos, ha señalado Antxustegi, si bien diez de los presuntos agresores eran menores, no estaban tutelados por la Diputación.
Estos datos, en su opinión, ponen de manifiesto que "no es habitual que ocurran hechos constitutivos de delito contra la libertad sexual dentro de los centros de protección". En este sentido, la diputada foral de Acción Social fue tajante al afirmar que "hay que evitar que ocurran" pero, dijo, "no hay que generar alarma. Por todo ello, no consideramos que haya que estigmatizar a estos menores ni dar pábulo a este tipo de información sin contraste previo".
"Analizaremos la petición"
Tras reiterar que seguirán trabajando desde el servicio de Infancia para ofrecer a estos menores "el mejor contexto posible para adquirir las herramientas para desarrollar su vida en sociedad", Antxustegi ha señalado que analizarán la petición de Carmen Adán respecto a la segregación de los dispositivos de acogida por sexos. "La configuración de la red responde siempre a criterios técnicos y profesionales que sitúan el bienestar de estos menores por encima de cualquier otra consideración", ha vuelto a repetir.
Por ello, la idoneidad de que los centros sean mixtos o no "responderá a las necesidades socioafectivas, educativas y relacionales de estos niños, niñas y adolescentes, que provienen de entornos altamente vulnerables y de riesgo". En este sentido, ha puesto como ejemplo el caso de grupos de hermanos, "que por su bienestar no es conveniente separar".
