Las comunidades de vecinos de Bizkaia se activan para impedir los pisos turísticos

Mientras las diferentes administraciones están inmersas en la búsqueda de cauces para limitar la propagación de los pisos turísticos, las comunidades de propietarios de Bizkaia han comenzado a movilizarse para emplear las armas que tienen a su disposición. La última sentencia del Tribunal Supremo, que avala la posibilidad de que los propietarios puedan prohibir su implantación por una mayoría de tres quintos sin necesidad de unanimidad, ha sido recibida con alivio por parte de los vecinos. Los administradores de fincas confirman que cada vez celebran más juntas en cuyo orden del día se prevé abrir este melón para evitar males mayores. Así lo entienden, al menos. “Lo que molesta muchísimo son las entradas y salidas de gente desconocida. El 100% de los vecinos en los que hay un piso turístico están a disgusto”, expone Aurea Martínez, administradora de fincas de Gestiatalaia, que actualmente gestiona varias comunidades en el Casco Viejo bilbaino en los que ya no hay vuelta atrás.

De lo que no cabe duda es de que la sentencia del Supremo servirá para arrojar luz sobre algunas controversias generadas en las audiencias provinciales. Pablo Abascal, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Bizkaia, menciona un caso ocurrido en una comunidad de la calle Belostikale, en Bilbao, donde el registrador de la propiedad aceptó un acuerdo de junta que posteriormente pasó por notaría. “Sin embargo, el propietario interesado en poner un piso turístico impugnó el acuerdo por considerarlo lesivo y la Audiencia Provincial de Bizkaia le dio la razón”, expone Abascal, quien apunta que se ha encontrado con diferentes interpretaciones de la Ley de Propiedad Horizontal en el registro de la propiedad. “A veces me pedían tres quintas partes y otras, unanimidad, que muchas veces no se podía conseguir porque el de la primera planta dejaba abierta la puerta a ponerlo en un futuro”, expone sobre una casuística que se da en Bilbao, donde solo pueden implantarse pisos turísticos en primeras plantas.

Según revela el presidente delColegio de Administradores de Fincas de Bizkaia, si se aprueba la prohibición, quien quiera instalar el negocio a partir de ese día se encontrará con una limitación en los estatutos de la comunidad. “El que tenga licencia previa, continuará con la actividad”, expone sobre una normativa que, de momento, no puede aplicarse con carácter retroactivo. Sin embargo, apunta que si alguien tiene un piso turístico y lo vende a un tercero que no continúa con la actividad, se puede encontrar con que cuando vaya a solicitar la licencia no lo pueda hacer porque la comunidad lo ha prohibido a posteriori. “Es decir, aunque haya un piso turístico se puede aprobar el acuerdo y queda inscrito. No afecta a los que están pero si a los que puedan llegar”, apostilla el también presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España.

En cualquier caso, para que la prohibición tenga carácter oficial se debe pasar por notaría. Sí o sí. “El acuerdo de junta, lo que digan los vecinos, se debe elevar a escritura pública”, apunta Abascal, quien asevera que el notario da fe de ese acuerdo y, a continuación, lo lleva al registro de la propiedad. “Es público y es una garantía”, añade el administrador de fincas, quien reconoce que cerca del 10% de las comunidades que tiene en cartera ya han llevado a cabo el trámite. Pasar por notaria, evidentemente, supone un gasto añadido para las comunidades que, no obstante, están dispuestas a asumirlo. “Esos gastos varían en función de la zona en la que está el inmueble: pueden oscilar desde los 1.800 para un piso en el Casco Viejo a los 3.500 en el Ensanche”, matiza Abascal.

Aurea Martínez corrobora que muchas comunidades se adelantaron pensando que con que constara en acta era suficiente. A ella le toca la tarea de rebatir esta creencia en las juntas de vecinos en las que se plantea el dilema. “Y se consigue unanimidad, incluso por parte de quienes viven en la primera planta, porque es gente que no tiene intención de poner un piso turístico”, expone sobre las casuísticas que le ha tocado gestionar en Bilbao, donde ya se ha anunciado una modificación del PGOU para acotar aún más estas viviendas que, según el registro del Gobierno vasco, suman 1.043. El Ayuntamiento, que ya cuenta con una asistencia técnica para redactar el texto que concretará las restricciones en base a datos por barrios y distritos, prevé presentar la normativa este otoño.

Al margen de su conformidad con lo que dictamina la ley y la controversia que generan los pisos turísticos en las comunidades de vecinos, los administradores de fincas sugieren algunas medidas en términos económicos para equilibrar la balanza de las molestias que pueden generar. “Habría que incrementar, por ley, un 20% los gastos comunitarios de los pisos turísticos. Hacen mayor uso del ascensor, de la puerta automática… Es una medida que aún no hemos implantado en las comunidades pero tenemos que mirar si es legal y estamos dentro de ese derecho”. En ese sentido, Abascal propone que se les suba los impuestos a los propietarios. “Si una vivienda turística tiene cuatro habitaciones a las que les saca 80 euros al día a cada una, por 30 días son 9.600 euros. Mientras que si lo hubiera alquilado a una familia les cobraría 1.400 euros”, ejemplifica el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Bizkaia, quien aboga por una subida de impuestos para estos propietarios. “Mi apuesta o esperanza para regular esto debidamente no pasa por la justicia o la Ley de Propiedad Horizontal, pasa por que paguen”, apunta.