La Diputación examinará cada kilómetro de carretera para concretar su peligrosidad

El departamento foral de Infraestructuras y Desarrollo Territorial ha sacado a concurso la realización de un estudio a pie de carretera para determinar la peligrosidad de cada tramo de la red viaria de Bizkaia. Y son algo más de 1.300 kilómetros de viales de distinta categoría, tipo y condición.

La Diputación quiere con este trabajo de campo diagnosticar la situación actual y determinar qué obras son necesarias para paliar la peligrosidad que se pueda detectar en diversos puntos de la red de carreteras.

El diputado foral de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Carlos Alzaga, explica a DEIA cómo “es una filosofía de trabajo. El hecho de tener unas carreteras más seguras también implica una sociedad más segura en todos los sentidos”. El trabajo licitado ahora requerirá tanto la elaboración de estudios e informes técnicos como auditorías e inspecciones de Seguridad Vial, además de determinar las zonas de alta siniestralidad. A partir de todos estos datos analizados se llevará a cabo un diagnóstico que permita presentar una serie de propuestas para mejorar con diferentes obras la seguridad de las carreteras.

Expone el responsable foral que “las personas que conducen tienen su responsabilidad en los accidentes. Van sin casco, con exceso de velocidad o circulan tras haber consumido sustancias prohibidas, pero la carretera tiene también que cumplir su parte”.

Elaborar este vasto documento va a suponer presupuesto y tiempo de ejecución. En concreto, el trabajo sale a concurso por cerca de un millón de euros, con el IVA incluido, y un total de 30 meses de tiempo para concluirlo. En caso de que, por diversas circunstancias, el periodo estipulado de dos años y medio no sea suficiente, se podrá prorrogar.

Alzaga considera que “la red viaria debe ser lo más segura posible. Hay que conseguir que no se achaque a la carretera más que una pequeña parte o ninguna de los siniestros”.

El departamento foral de Infraestructuras cuenta ya con una abundante documentación recopilada años atrás, pero la red viaria es un ser vivo que evoluciona en sus condiciones de servicio.

Por ello, tras estudiar todos estos informes previos y sumarles los nuevos que se van a redactar, el concurso estipula que la empresa adjudicataria acometa todo el proceso administrativo necesario para definir, detalladamente, las obras que se han de efectuar y la forma de llevarlas a cabo.

Eso requerirá planos, pliegos de prescripciones técnicas, presupuesto, estudio de seguridad y salud y otro específico de seguridad vial, todos ellos necesarios en cada tramo en el que se va a actuar. En definitiva, lo que se pretende es mejorar la seguridad a la hora de conducir y reducir el número de accidentes y siniestros de tráfico.

Para ello, toda la red viaria sin excepción “debe estar bien señalizada, que el peralte en las curvas sea el más seguro y que la anchura de las zonas de seguridad sea la correcta. Son ejemplos de acciones que ayudan a disminuir la tasa de accidentes”, especifica el diputado de Infraestructuras.

Por eso se quiere ir más allá, según se detalla en el documento de licitación del trabajo. La intención es “consolidar un sistema de gestión de la seguridad vial integral”, indica, tanto “para los problemas particulares” como para los que atañen “al conjunto de la red”.

Una intención que se va a aprovechar de todas las nuevas tecnologías presentes en el sector para “estar en punta de innovación tanto en el conocimiento de los últimos avances como en la investigación propia”.

Con este trabajo culminado se pretende gestionar la seguridad vial con “la máxima eficacia y agilidad” y no solo desde un punto de vista de actuar ante los problemas que se presenten, sino también desde “una política preventiva que permita anticipar las carencias potenciales antes de que se consoliden en forma de un aumento de la siniestralidad”, concreta el informe.

Para ello, además de la pura gestión, se mantendrá “una evaluación continua de resultados y en la medición de todas aquellas variables que ahonden en dicho objetivo”.

Intervenciones posteriores

¿Y cuáles serán los primeros tramos a tratar? Evidentemente aquellos en los que más peligros se hayan detectado. Las zona de concentración de accidentes y de alto potencial de mejora van a ser las prioritarias dentro de una escala que irá de más a menos.

De hecho, este extenso trabajo presentará “un listado priorizado” que tendrá como indicadores relevantes los parámetros de accidentabilidad, su lesividad y coste social o la conflictividad que generen en el tráfico rodado.

Con todo este diagnóstico concluido el departamento foral de Infraestructuras determinará una serie de propuestas de actuación para evitar la proliferación de accidentes, las cuales se valorarán presupuestariamente por separado.

Este gran trabajo va a marcar las directrices del área foral, ya que “concederá prioridad en sus programas de actuaciones de mejora de las infraestructuras a la ejecución de las medidas de mayor índice de eficacia”.

Actuaciones temáticas

Para ello se agruparán las diferentes actuaciones a realizar con un sentido temático creándose diferentes planes. Algunos de los apuntados son de actuaciones específicas en zonas de alta siniestralidad, otro de intervenciones preventivas, un plan de travesías u otros orientados a colectivos determinados, como pueden ser los usuarios vulnerables.

El plan no será flor de un día o de una legislatura. Se va a dotar de un estudio de eficacia de las actuaciones incluidas, en el que se compararán el número y el tipo de los accidentes sucedidos en el tramo en los periodos de 3 y 5 años anteriores a la actuación respectivamente con los del período transcurrido desde su puesta en servicio.

Por ejemplo, en las inspecciones se va a poner especial énfasis en las vías de la red transeuropea que atraviesan Bizkaia. Son la AP-8 tanto en su tramo de peaje como en el de libre uso, la N-633 en su acceso al Aeropuerto, la autovía de acceso al Puerto y la BI-30 que compone el corredor del Txorierri.

A todas los análisis a pie de asfalto que se vienen realizando se va a unir ahora un nuevo tipo de inspección derivado de la modificación de la directiva europea en esta materia. Se trata de inspecciones conjuntas en las zonas adyacentes a los túneles, que efectuarán responsables de los túneles y los inspectores de seguridad vial, para tratar así “una zona especialmente sensible en cuanto a problemáticas de seguridad”, indica el informe.