“Estamos jodidos”, aseguraba este mediodía Paco Rama, presidente de la junta de Ibar Nagusien Etxea de Romo. Él ha sido una de las personas que observaba cómo trabajadores de la empresa que va a proceder al derribo del edificio precintaban el local que hasta ahora había sido su sede y que tras 34 años de actividad, puede estar viviendo sus últimos momentos. El Ayuntamiento de Getxo tiene previsto demoler el inmueble de propiedad municipal para construir el futuro Centro Intergeneracional de Romo. Se trata de nueva infraestructura con 100 plazas forales destinadas a personas mayores dependientes y 40 alojamientos dotacionales municipales para jóvenes. La planta baja del nuevo edificio contará además con un local de 283 metros cuadrados para la “futura reubicación de esta asociación de personas mayores de Romo”.
Según avanzan fuentes municipales, el paso dado hoy supone el inicio de este proceso de “recuperación del edificio de titularidad municipal de la calle Lope de Vega 12-14”, y que para darlo, han “respetado todos los plazos legales”.
No lo ven así los miembros de la asociación que lucha por conservar el que hasta ahora ha sido su hogar. Según el presidente de la agrupación, en su momento recurrieron el decreto municipal que procedía al desalojo del inmueble y a día de hoy, el juez aún no se ha pronunciado. Paco Rama espera que lo haga en septiembre y, hasta entonces, entiende que el Ayuntamiento no puede comenzar el derribo de la sede. Por ello, esta misma mañana han acudido al juzgado número tres de Bilbao a solicitar medidas cautelarísimas que paralicen el comienzo de las obras hasta que se pronuncie sobre el recurso. “El abogado nos ha pasado toda la documentación y hemos acudido al juzgado de Bilbao. No vamos a parar nuestra lucha”, anuncia este portavoz que esta mañana asistía al cierre del local tras el cordón que rodeaba el edificio. “El despliegue ha sido impresionante, con dotaciones de la Policía Municipal, la brigada móvil y la Ertzaintza. Somos jubilados, no albaneses mafiosos”, protestaba, junto con varias decenas de vecinos concentrados pacífica pero ruidosamente, con cánticos y pitos, tras el precinto.
“En virtud de las leyes”
No obstante, el Ayuntamiento asegura haber actuado “en virtud de las leyes que confieren a las administraciones locales la potestad para la recuperación de oficio de sus bienes”. Insiste en que ha precintado el edificio además tras “realizar las notificaciones oportunas a la junta de la asociación Ibar Nagusien Etxea Elkartea, y finalizados los plazos legalmente establecidos para la entregara voluntaria de las llaves del edificio el pasado 26 de julio”.
Explican también que el impulso de este nuevo Centro Intergeneracional “de convivencia entre personas de distintas edades es uno de los compromisos adquiridos en el Plan de Legislatura”. “La propuesta logró un amplio apoyo de la ciudadanía de Getxo y también ha logrado un fuerte respaldo europeo, ya que recibirá de los Fondos Next Generation el 82,5% de la inversión prevista”.
Alternativas
Hasta la construcción de la nueva sede de la asociación en los bajos del nuevo edificio, el Ayuntamiento dice haber ofrecido a los jubilados “diversos recursos (una consignación presupuestaria de hasta 1.500 euros al mes para el alquiler de un local destinado a su sede social, espacios alternativos para el desarrollo de sus actividades, tanto en RKE como en Gobelaurre y el apoyo externo de personal técnico) que facilitarán el funcionamiento de la asociación durante el tiempo que dure la construcción del nuevo Centro Intergeneracional. Unos recursos similares a los que reciben las otras asociaciones de personas mayores del municipio”.
“No nos han ofrecido nada tangible. El local de la RKE es muchísimo más pequeño que el que teníamos y es físicamente imposible realizar en él nuestra actividad”, denuncian, por contra, los jubilados, enfadados también con el momento elegido para empezar el derribo del edificio. “Agosto, poca gente en el pueblo, después de las fiestas…”, critica el presidente de la junta de una asociación que cuenta con más de seis mil socios. “Este cierre puede acarrear sentimiento de soledad para muchas personas mayores que la consideraban su casa”, avisa.
Desde el Gobierno municipal recuerdan que “siempre hemos estado y estaremos en disposición de dialogar con las personas que conforman dicho colectivo, como con cualquier entidad, asociación o persona, siempre y cuando las normas más básicas sean respetadas. No podemos olvidar que el Ayuntamiento tiene la obligación legal de velar por el interés público y proteger, defender y custodiar el patrimonio público, estando obligado para ello a tratar de recuperar su posesión por los mecanismos establecidos legal y reglamentariamente, en caso de que esta se viera perturbada”.
