La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas en Bizkaia por su presunta participación en un fraude a la Seguridad Social en diversos sectores, como la preparación y elaboración de productos cocinados o la construcción, estimado en 1.124.763 euros. Una quinta persona está siendo investigada por su presunta relación con los hechos.
Según informa la Dirección de la Policía Nacional, las investigaciones comenzaron en mayo de 2021, cuando los agentes recibieron varios escritos-denuncias de la Tesorería General de la Seguridad Social, en los que se requería la actuación policial ante las diversas actuaciones irregulares llevadas a cabo, presuntamente, por los administradores de distintas empresas para eludir sus obligaciones de pago con la Seguridad Social.
Estas empresas se encontraban ubicadas en los partidos judiciales de Barakaldo y Getxo. La Policía ha explicado este martes que los empresarios de las sociedades investigadas no abonaban sus propios seguros sociales ni los de sus trabajadores, "incrementando así el margen de beneficio en la actividad mercantil y el consiguiente perjuicio a la Tesorería General de la Seguridad Social".
En el análisis patrimonial de las empresas y sus administradores, se comprobó que "en todos los casos se pretendía eludir el pago de la deuda y frustrar las legítimas aspiraciones de cobro de la Tesorería, creando grupos y sucesiones empresariales que ocultaban los beneficios y bienes de las sociedades investigadas". Los agentes han podido determinar la participación de cinco personas físicas, a los que les han sido imputados delitos contra la seguridad social y frustración de la ejecución.
La Policía Nacional ha explicado que el entramado societario estaba dirigido por un empresario que desde la década de los noventa se dedicaba a la explotación del negocio de la construcción y que acumulaba deudas con la Seguridad Social en muchas de las mercantiles del entramado.
En 2013, precisa, constituyó una mercantil para la que se nombró administrador único a un electricista de profesión, con lo que se "ocultaba" como "administrador real" a la Seguridad Social, además de evitar "la inscripción de los nombramientos y no presentar cuentas en el Registro Mercantil para ocultar la situación económica real de la sociedad".
Posteriormente, el negocio pasó a ser explotado formalmente por el empresario individual, que desde los años noventa no había vuelto a tener trabajadores dados de alta hasta mayo de 2015, momento en el que se dio de alta como autónomo de nuevo y pasaron a trabajar para él algunos de los trabajadores que anteriormente trabajaban para la otra empresa que había creado.
A principios del año 2019, decidió continuar explotando el negocio con otra sociedad que, a pesar de haberse constituido en 1996, había cesado su actividad en 2007, y pasaron algunos de sus trabajadores a la mercantil, "ocultando de nuevo su responsabilidad en la sociedad", han relatado desde la Policía Nacional.
Su 'modus operandi' era utilizar empresas y personas interpuestas como administradoras de derecho para ocultarse como "administrador real" de la acción recaudadora de la Seguridad Social y seguir acumulando deuda en las nuevas empresas. Los trabajadores "iban pasando de unas empresas a otras".
