Los tres ertzainas que estuvieron presentes el día que a Irune Costumero, -la madre que ha denunciado a la Diputación foral de Bizkaia- han declarado que la retirada de la menor, el 4 de agosto de 2017 se produjo "sin incidentes". En la segunda sesión del juicio, los agentes han explicado que la madre se puso un "poco nerviosa" y que aunque la niña "lloró al principio", después se fue "tranquila" de la mano de la trabajadora social para entregársela a la padre, una versión que contradice el episodio complicado que relató la madre y la abuela sobre los gritos y angustia de la pequeña.
Cuatro trabajadores de los Servicios de Infancia, entre los que se encuentra el actual diputado de Acción Social, Sergio Murillo, están imputados por los presuntos delitos de prevaricación, maltrato y lesiones psicológicas en relación a una orden foral de 2017 por la que la institución asumía la guarda de la menor y cedía la estancia al padre, sin haberlo consultado con el juez que había dictado un régimen de custodia compartida.
En la segunda sesión del juicio declararon, además, de los ertzainas, trabajadores sociales, tanto del Servicio de base de Barakaldo, como de la propia Diputación, así como responsables del punto de encuentro de Barakaldo en el que realizaban los encuentros y las terapias entre los progenitores y la menor.
La herramienta Balora considera un riesgo grave o muy grave para un menor la instrumentalización del menor por uno de los progenitores, conocido como el síndrome alineación parental, que ha sido científicamente por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y rechazado por el Consejo General del Poder Judicial.
Una de las trabajadoras sociales de la Diputación ha dicho que a la hora de tomar una decisión a la hora de asumir la custodia provisional de la menor no se tuvo en cuenta el síndrome alienación parental, sino que se basaron en los informes elaborados por diferentes profesionales. En estos la asistente dijo que tras aplicar los ítems de la herramienta Balora llegaron a la conclusión que la menor "se encontraba en un riesgo grave de desprotección y que podía sufrir daños psicológicos en un futuro si no se intervenía con urgencia". Así, la trabajadora social aclaró que era importante que la niña retomara la relación con su padre y que esté facilitó en todo momento la intervención y colaboró en lo que se le proponía.
DECLARACIÓN DEL PADRE
El padre, testigo de la defensa de los cuatro acusados, también fue llamado a declarar en la segunda sesión dijo que fue la madre quién inició un procedimiento de divorcio tras denunciarle por violencia de género, en un proceso del que salió absuelto, así como fueron sobreseídas las denuncias de malos tratos a su hija. El progenitor confesó que la decisión tomada por la Diputación fue "la mejor ya que sino su hija hubiera crecido sin tener a su padre".
Dijo también que siempre había colaborado por "el bien de su hija", si bien no recordaba si les comunicó que en 2017 había solicitado la custodia en exclusiva, justo un mes antes de la orden foral por la que le entregaron a su hija. Por su parte, la pediatra de la niña que la trató desde que nació y hasta hace apenas un año declaró que notó un cambio importante en el carácter de la niña, después de ese periodo en que el padre se la llevó sin avisar y que consideró pertinente que la atendiera una psiquiatra infantil. El padre fue preguntado por el episodio del "secuestro" que declaró Irune Costumero haber sufrido su hija con 18 meses y que la tuvo en paradero desconocicdo durante dos meses. El padre ha aclarado que "estaban de vacaciones".
La pediatra de la niña también dijo que la madre y la niña tenían un relación "maravillosa" y rechazó que la menor sufriera el síndrome de alienación parental ya "que no existe".
