- Bizkaia dio ayer nuevos pasos en la lucha contra el fraude fiscal. Las Juntas Generales aprobaron el sistema Batuz, que permitirá controlar de forma automática todas las facturas y cuya implantación finalmente queda aplazada hasta 2022, y adaptó la directiva europea DAC 6, que persigue impedir que los contribuyentes eludan sus obligaciones utilizando paraísos fiscales.

Tras su aprobación en consejo de gobierno y el paso por la comisión de Hacienda de las Juntas Generales, el pleno de la Cámara aprobó finalmente la puesta en marcha del sistema Batuz, que permitirá controlar todos los ingresos de empresas y autónomos e “impedirá que unas facturas vayan a la caja A y otras a la caja B”, ilustró el diputado de Hacienda, José María Iruarrizaga. Finalmente su activación fue aplazada, de forma voluntaria al próximo 1 de octubre y obligatoria al 1 de enero de 2022, como consecuencia de la pandemia del coronavirus. La norma foral incluye también cambios en el IRPF para que Hacienda pueda enviar una propuesta de la declaración a todos los contribuyentes a partir de 2021. Con el fin de paliar la brecha digital, Iruarrizaga anunció un “amplio despliegue de medios”.

Los partidos de la oposición mantuvieron sus enmiendas a la norma, que fueron rechazadas. EH Bildu planteó, por ejemplo, que las sanciones fueran proporcionales a la cifra de negocio, mientras que el PP pedía un mayor plazo para su implantación.

Por otra parte, la Cámara aprobó también la transposición de la directiva europea DAC 6, de cooperación entre las administraciones europeas tributarias en la lucha contra el fraude, que obliga a los intermediarios fiscales, como abogados o entidades de inversión, a informar a Hacienda sobre mecanismos de planificación fiscal potencialmente agresivos, que tienen como objetivo disminuir la factura fiscal del contribuyente, recurriendo, por ejemplo, a países donde los impuestos son más bajos, como Malta, Chipre o Irlanda, una “piratería fiscal” que Elkarrekin Bizkaia cifró en un billón de euros anuales en Europa. Las sanciones llegan a los 400.000 euros.

Finalmente, el último paquete de medidas tributarias para reducir el impacto negativo del covid-19 fue ratificado con el único apoyo de PNV y PSE. Entre ellas, destaca la exención, para las empresas que hayan visto reducido su volumen de operaciones, del pago fraccionado del Impuesto de Sociedades, o de las prestaciones derivadas de las contingencias de enfermedad y fallecimiento por causa directa del coronavirus en el seguro colectivo para personal sanitario.

Símbolos franquistas. Se rechazó dotar de más medios a los ayuntamientos para retirar estos símbolos que perduran en nueve municipios ya que la partida anual de Gogora, señalaron PNV y PSE, no se agota.

Casas de apuestas. PNV y PSE defendieron esperar a la ley que prepara el Gobierno español para su regulación antes de tomar medidas.