La puesta en marcha del Centro Internacional de Emprendimiento costará 11,5 millones de euros más, hasta un total de 26,5, tras las nuevas condiciones establecidas por la Diputación para su gestión. Después de que el primer concurso para elegir al gestor quedara desierto, la institución foral ha redactado ya los nuevos pliegos, que incluyen un incremento en el precio que se le pagará por ese trabajo, una reducción del canon que debe abonar por el alquiler del espacio y de la penalización en caso de finalizar la colaboración, y nuevos criterios de valoración. La institución foral confía en elegir a su gestor en el último trimestre del año aunque la apertura física del edificio no se producirá hasta, al menos, mediados de 2020.
El Centro Internacional de Emprendimiento, que se ubicará en la Torre Bizkaia, es un proyecto estratégico para la Diputación en su objetivo en convertir al territorio en un referente internacional en este ámbito, con la mirada puesta en incrementar la tasa de creación de nuevas empresas y fomentar la innovación de las ya existentes, haciándolas así más competitivas. El primer concurso para buscar un operador que gestionara la torre durante 15 años quedó desierto, al no presentarse ninguna empresa al mismo, pese al interés mostrado por varias de ellas. El propio diputado general, Unai Rementeria, consideró a finales de enero que “probablemente hayamos sido demasiado exigentes en algunos requisitos” para salvaguardar la inversión pública, como el precio del alquiler del espacio, unas penalizaciones muy garantistas o los flujos económicos planteados de menos a más para garantizar el largo plazo del proyecto.
La institución foral optó entonces por abrir un nuevo concurso, en este caso un procedimiento negociado con publicidad, con el objetivo de adecuar las condiciones del pliego a los intereses de los posibles gestores. Un equipo de trabajo identificó en un principio 19 operadores que podrían encajar en la gestión de este centro y, de ellos, se mantuvieron visitas presenciales con diez, que continuaron de forma telemática una vez comenzó la crisis del coronavirus. De esa ronda de contactos se concluyó su interés por instalarse en Bizkaia, ya que encajaba con sus planes de expansión, aunque también dudas sobre el desequilibrio entre el coste y el beneficio para el operador, además de algunos nuevos planteamientos sobre la propia gestión.
NUEVOS PLIEGOS
Con todas esas conversaciones, la Diputación ha redactado ya los nuevos pliegos para adjudicar la gestión del centro. Frente a los 15 millones iniciales, finalmente el coste será de 26,5 millones de euros, como máximo, eso sí, ya que al tratarse de un procedimiento negociado el operador que baje el precio obtendrá más puntos en el concurso. En primer lugar, porque el precio que pagará la Diputación al operador por la gestión en sí pasará de 10,15 a 15,5 millones de euros, que se abonarán de una forma diferente. Si en los primeros pliegos se planteaba su pago de menos a más a lo largo de los 15 años de vigencia del contrato, en esta ocasión se incrementará el pago al inicio de cada una de las tres fases en las que se irá desarrollando el proyecto, de forma que contará con un presupuesto mayor para hacer frente a los gastos de implantación e impulso de cada una de ellas.
Además, el alquiler que abonará el operador por los espacios de la torre se reduce de 16 euros por metro cuadrado al mes a 13, más acorde con los precios del mercado en la zona de negocios de la capital vizcaina. Como ya se recogía en los anteriores pliegos, el primer año de cada fase será de carencia, por lo que no se cobrará el alquiler.
El operador se hará cargo, además, de acondicionar y amueblar los espacios, ya que existe todo un know how en torno a cómo diseñar unas oficinas de este tipo, en cuanto a mobiliario, distribución de espacios o flujos de personas. Para ello dispondrá de hasta cinco millones de euros, que no supondrán un coste extra para las arcas forales ya que se eliminará de la partida de gastos en el acondicionamiento de la torre y que se tendrán que justificar con facturas, devolviendo el presupuesto que no se haya destinado a este fin.
También se han flexibilizado otras condiciones, como la implantación de cada nueva fase, que anteriormente tenía que activarse una vez se completara el 80% de ocupación de la anterior. Ahora se recoge la posibilidad de acometer una ocupación parcial de los siguientes espacios. La penalización por la suspensión del contato, por su parte, se ha reducido de un millón a 200.000 euros, además de tener que devolver el importe no ejecutado.
Finalmente, también se valorará que el operador ofrezca servicios de aceleración para startups locales, además de eliminar la discriminación positiva hacia los implantados en determinados países: si gestionan un centro similar de más de 1.000 metros cuadrados, independientemente de dónde sea, obtendrán más puntos en la baremación final.
