- El Colegio Oficial de Fisioterapeutas del País Vasco (COFPV) está a la espera de respuesta oficial del Gobierno vasco y del español, pero por responsabilidad social han suspendido temporalmente su actividad, con alguna salvedad lógica. En una carta remitida tanto al lehendakari Iñigo Urkullu como a la consejera Nekane Murga, piden al Departamento de Salud que solicite al Ministerio de Sanidad el cierre obligatorio de todos los centros de Euskadi. La razón es evidente: no disponen de material de protección y no pueden garantizar que no se produzca contagio del covid-19 entre fisioterapeutas y pacientes.
Y es que, en la mayoría de tratamientos -entre 8 y 10 cada jornada- no es posible mantener la famosa distancia de seguridad, confirma Iban Arrien, presidente del COFPV que aglutina a más de 3.500 profesionales. “Es prioritario minimizar el riesgo de contagio y la propagación del virus para poder mitigar el impacto sanitario y social”, argumenta en declaraciones a DEIA. La última modificación del Real Decreto promulgado por el Gabinete de Pedro Sánchez recoge la suspensión de la actividad de cualquier establecimiento que, a juicio de la autoridad competente, pueda suponer un riesgo.
Sin embargo, y a pesar de las condiciones de falta de equipos de protección individual, los profesionales de la fisioterapia siguen sin estar incluidos en ese grupo del cierre obligatorio. Las autoridades de La Rioja y de Castilla La Mancha, por contra, sí han integrado a los centros de sus respectivos territorios en la lista de establecimientos que han bajado la persiana hasta nuevo aviso. Este hecho significa que podrán acceder a las líneas de financiación activadas por el Ejecutivo español. Algo que, de momento, no está ocurriendo para los profesionales vascos.
“Es una incongruencia total que podamos abrir. Lo primordial es evitar la propagación y que esto vaya a peor”, insistía preocupado Arrien. Y no son los únicos profesionales sanitarios no incluidos en ese catálogo de actividades: podólogos, odontólogos y dentistas del Estado también se han plantado. Todos ellos se encuentran en la más completa indefinición legal de sus centros de trabajo. Es por eso que reclaman que las autoridades contemplen sus actividades como afectadas directamente por la pandemia del covid-19. De este modo, podrían solicitar expedientes de regulación de empleo de suspensión por fuerza mayor y las oportunas ayudas a los autónomos.
“Estando en el Real Decreto de cierre obligatorio todos los profesionales tendrían la posibilidad de acceder a las ayudas económicas y laborales del Gobierno”, valoraba Arrien. Se mantendría, eso sí, el servicio de fisioterapia en el ámbito hospitalario “y para las patologías donde la actuación del fisioterapeuta sea fundamental en la evolución del paciente”, indicaba.
