Leioa - El Ayuntamiento de Leioa continuará peleando en los tribunales por el caso Pinosolo. Y es que el equipo de gobierno tiene intención de llegar hasta el Tribunal Supremo para recurrir la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que confirma el pago de una indemnización a las empresas que iban a construir el polideportivo por la resolución del contrato.

La decisión de apelar este fallo y acudir al Supremo pasará por el próximo pleno municipal, donde, con toda probabilidad, los votos mayoritarios del tándem del gobierno ratificarán ya de por sí esta postura -a falta de conocer qué harán el resto de los grupos-. Eso sí, el Consistorio “como medida cautelar”, pagará de momento la indemnización establecida por el TSJPV, es decir, 658.000 euros, “sin perjuicio de la defensa de los intereses de Leioa ante el Tribunal Supremo”, tal y como destacaron ayer fuentes municipales.

Así que continúa la batalla judicial entre la institución leioaztarra y las empresas que conformaron la UTE para edificar el fallido polideportivo -Aros y Viuda de Sainz-. Estas reclaman al Ayuntamiento una compensación económica por daños y perjuicios tras la ruptura del contrato -además de una cantidad en concepto de gastos, costas e intereses, que podría alcanzar los 200.000 euros-. Lo que ocurrió fue que ante las sentencias del TSJPV que refrendaron que hubo un intercambio de información para favorecer a la UTE en el proceso de adjudicación de las obras, el pleno del Consistorio de Leioa decidió romper el contrato de manera unilateral. Además, el equipo de gobierno defiende que podía emprender una revisión de oficio del caso que deparase una declaración de nulidad de la adjudicación del contrato de las obras -y, por lo tanto, que no existiera reparación económica alguna a la UTE-. En este sentido, el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 3 de Bilbao le dio la razón, pero las empresas recurrieron y esta última resolución del TSJPV -del pasado mes de diciembre- lo que hace es aceptar esa apelación y, a su vez, ratificar una sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del propio TSJPV, que ya determinó en mayo de 2018 que era necesario el abono de la indemnización. - M. Hernández