Bilbao. La Hacienda de Bizkaia ha destapado una estafa de más de 378.820 euros a compañías aseguradoras cometidos por tres vizcainos que han sido condenados a penas que suman en total cinco años y medio de prisión. Los agentes fiscales descubrieron el entramado cuando investigaba las dudosas facturas emitidas por varias empresas que no tenían actividad, ante la sospecha de un posible fraude fiscal, y lo pusieron en conocimiento de la Fiscalía.

Las alertas saltaron en el servicio de Inspección cuando realizaban actuaciones de detección de facturas sin contenido económico, emitidas por empresas que carecen de una estructura económica y empresarial, una práctica sospechosa de fraude fiscal. Localizaron una serie de empresas que, pese a emitir facturas por trabajos realizados a otras firmas, no presentaban ningún tipo de actividad: no tenían una estructura económica, ni trabajadores, ni realizaban compras. Al cotejar dichas facturas, se dieron cuenta de que todas las empresas para las que trabajaban, sin conexión aparente entre ellas (se dedicaban a distintos sectores económicos y estaban ubicadas en diferentes municipios), llevaban inactivas desde hacía varios años -o incluso desde su constitución-, no declaraban impuestos y recibían importantes cantidades de varias compañías de seguros. Todas ellas tenían además algunos otros puntos en común, como los mismos administradores y las mismas personas autorizadas en cuenta -E. P. V. y A. N. L.- e ingresos procedentes de dos aseguradoras.

Al revisar la documentación que se pidió a las compañías de seguros sobre los expedientes de cada siniestro que habían abonado a dichas empresas, se percataron de cómo actuaban los ahora condenados: las empresas que administraban daban partes a las aseguradoras que tenían contratadas para los inmuebles por daños provocados por fenómenos meteorológicos -lluvias, vientos...- que eran revisados por el mismo perito, adjuntando para ello facturas falsas de trabajos. Los partes llegaban a adjuntar las mismas fotografías para acreditar diferentes daños y los conceptos y términos utilizados en las facturas eran similares y seguían el mismo orden, a pesar de que habían sido teóricamente emitidas por distintas empresas reparadoras. Todos los partes que fueron abonados por las aseguradoras llevaban la firma del mismo perito, J. I. S. C.. Es más, en algunos casos en los que las compañías de seguros enviaron a un perito distinto a certificar unos daños, se dictaminó que no procedía indemnización a cargo de la compañía. Fue entonces cuando descubrieron que no se trataba de un caso de fraude fiscal, sino de una estafa.

“Beneficio económico indebido”

La Hacienda vizcaina remitió toda esta información a la Fiscalía, que llevó la estafa a juicio. La sentencia, que se hizo pública el pasado mes de octubre, considera probado E. P. V. y A. N. L. actuaron junto a J. I. S. C. “con la finalidad de obtener un beneficio económico indebido”. Para ello, comunicaban a las compañías de seguro “partes por siniestros inexistentes”, aportando facturas “en las que se recogían trabajos ficticios supuestamente realizados para la inexistente reparación correspondiente al siniestro irreal”. Además, el perito elaboraba los informes que certificaban la correspondencia entre los trabajos facturados y los supuestos daños, “a sabiendas de que ni existían daños por siniestro ni existían trabajos de reparación”.

De acuerdo con este dinámica, los acusados cobraron al menos ocho indemnizaciones entre abril de 2011 y mayo de 2013, por un valor total de 378.819,91 euros, por daños de agua, viento y granizo en pabellones y locales de Ermua, Castro Urdiales, Bilbao y Zaratamo.

La sentencia, que es firme, considera a los tres acusados autores de un delito continuado de falsedad en documento mercantil y un delito de estafa. A J. I. S. C. le impone una pena de un año y medio de prisión, mientras que E. P. V. y A. N. L. les condena a dos años. Además, deberán indemnizar conjuntamente a las aseguradoras por un total de 371.410 euros.