Bilbao - La Diputación y el Gobierno vasco confinanciarán 783 plazas para garantizar la atención sociosanitaria de las personas con enfermedad mental grave en Bizkaia, una atención que se prestará tanto en centros de día como en viviendas y centros residenciales de larga estancia. Al tratarse de un servicio previsto dentro de la cartera de servicios sociales, es competencia de la Diputación prestarlo, pero Lakua financiará con 19,3 millones de euros estas plazas durante los próximos cuatro años.
Las plazas sociosanitarias son financiadas de forma conjunta entre el Gobierno vasco y las instituciones forales desde 2008. Este nuevo convenio, aprobado ya por el Ejecutivo foral y que deberá ser ratificado en las Juntas Generales, tiene como objetivo desarrollar los servicios de prestación sanitaria en los centros sociales que atienden a personas con problemas de salud mental, en particular los casos más graves y cronificados. Son 783 plazas, 435 de ellas en centros de día, destinadas a personas a las que se considera más adecuado no desligarlas de su entorno habitual, y 348 viviendas con apoyo y residencias de larga estancia. El Gobierno vasco aportará para ello 19,3 millones de euros de aquí a 2022, mientras que la Diputación se compromete a poner a disposición de los usuarios las plazas establecidas, y gestionar y organizar los recursos.
El PP mostró ayer en Juntas Generales su disconformidad con este convenio, pidiendo a la Diputación que prevea el incumplimiento del Gobierno vasco entre las cláusulas del mismo. “Debe contemplarse como posibilidad, ya que generaría un perjuicio, no solo a Bizkaia en general, sino muy particularmente a los beneficiarios de los servicios, un colectivo vulnerable y de especial atención”, advirtió la portavoz popular, Amaya Fernández.
Desde el PNV, Jane Eyre Urkieta consideró que la oposición a este convenio está “fuera de lugar” y destacó la importancia de este convenio, mientras que el socialista Juan Otermin reiteró que se trata de dos administraciones “serias y solventes, gobernadas con responsabilidad que dicen lo que hacen y hacen lo que dicen”, y que la cláusula octava recoge las situaciones de incumplimiento. “La Diputación y el Gobierno vasco llevan colaborando desde hace años para gestionar este espacio sociosanitario, sin que haya habido problemas de pago entre ellas”, recordó el apoderado del PSE.
EH Bildu, por su parte, mostró sus “dudas” sobre el convenio, principalmente por la posibilidad de que los usuarios tengan que asumir un copago por estas plazas sociosanitarias, “mientras que en un centro hospitalario la atención es completamente gratuita”, advirtió su apoderada Izaskun Duque, quien también criticó que las necesidades de estos colectivos “no están siendo cubiertas”. Eneritz de Madariaga, de Elkarrekin Bizkaia, destacó, pese a no estar de acuerdo con determinados puntos del mismo, la importancia del convenio, “muy esperado por las entidades que trabajan con este colectivo”.
