BILBAO - La sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas de España considera que no hay indicios de responsabilidad contable en los hechos denunciados en la querella presentada por EH Bildu contra dos exalcaldes del PNV en Alonsotegi y el gerente y el arquitecto de la sociedad Alonsotegi Eraikiz, que realizó varias actuaciones urbanísticas entre los años 2003 y 2009. El órgano, encargado de decidir si las actuaciones denunciadas deben ser juzgadas por el máximo supervisor de fiscalización de las administraciones públicas, estima que no se produjo “un daño real, efectivo e individualizado en los fondos públicos"”. No se ha podido por tanto “dar lugar a un presunto ilícito contable”" en la gestión de Alonsotegi Eraikiz, SAU, la sociedad urbanística, que reformó la plaza Madinabeitia y construyó el campo de fútbol.

No hay nada que investigar y juzgar en el plano administrativo y, aunque el Tribunal de Cuentas no entra a valorar si su informe desactiva también los argumentos sobre los que se sustenta el proceso penal abierto en un Juzgado de Barakaldo, ese frente pierde fuerza. La auditoría del supervisor de las finanzas públicas no detecta ninguna irregularidad que invite a pensar que se ha producido malversación de caudales públicos y prevaricación, como denuncia EH Bildu. Es más, la encargada de analizar la documentación, la consejera de Cuentas María Antonia Lozano Álvarez, responde casi punto por punto a las diferentes situaciones relatadas con una coletilla que se repite en varias ocasiones a lo largo de los 10 folios de su fallo: “La irregularidad descrita queda debidamente justificada, no se aprecia menoscabo en fondos públicos”".

El informe, al que ha tenido acceso DEIA y que había sido solicitado por el fiscal de la causa penal, no deja margen a dudas y cierra el proceso administrativo que había dejado abierto el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. El órgano de fiscalización de Euskadi elaboró su informe sin contar con toda la documentación, pero posteriormente han sido añadidos cerca de 800 folios a la causa que aclaran sombras.

liquidación de la sociedad Los hechos analizados se remontan a 2010, cuando se procedió a la liquidación de Alonsotegi Eraikiz. En ese momento, EH Bildu decidió denunciar las “irregularidades” que reflejaba, a pesar de que los exresponsables de la empresa urbanística detectaron que no se habían incluido todas las existencias en los asientos contables. El edil abertzale Asier Intxausti lideró la presentación de una denuncia contra los anteriores alcaldes del PNV, Gabino Martínez de Arenaza y Aitor Santisteban, y el gerente y el arquitecto de la sociedad urbanística por prevaricación y malversación de fondos públicos.

El Tribunal de Cuentas de España no ha encontrado nada que le lleve a pensar que fue así y estima que no ha lugar a enjuiciar administrativamente los hechos puestos en su conocimiento. Respecto a las dudas expresadas por el fiscal en torno a dos convenios suscritos por Alonsotegi Eraikiz con el Ayuntamiento, los de la reforma de la plaza Doctor Madinabeitia y la construcción de un nuevo campo de fútbol, la auditoría constata que “a la vista de la documentación aportada queda debidamente justificada la ejecución de los convenios", así como el cobro de la totalidad por el Ayuntamiento”".

En cuanto al incremento del coste de las obras del campo de fútbol, que se había presupuestado en unos 2,4 millones y terminó costando más de 3 millones, el informe es muy claro: “Todas las obras se ajustan a lo convenido en los contratos de adjudicación entre Alonsotegi [Erakiz] S.A. y la empresa adjudicataria Pabisa, por lo que no se aprecia menoscabo en fondos públicos”.

Aunque la consejera de Cuentas del Tribunal echa en falta cuestiones como la memoria justificativa de las modificaciones del proyecto que encarecieron la obras, añade que se han aportado todas las certificaciones de obra y las facturas correspondientes. Entre otras cuestiones, se construyó un segundo vestuario para que los dos equipos del pueblo tuvieran uno propio y se adaptaron las instalaciones para que pudieran acoger competiciones como la liga de fútbol 7 patrocinada por DEIA. Además, se produjo un corrimiento de tierras que obligó a levantar un muro durante la construcción.

También pone el foco el Tribunal de Cuentas español en el concurso para la construcción del centro de salud y un parking subterráneo en los terrenos de Soloburu. No se aprecia irregularidad alguna en la operación, que se adjudicó por un importe ligeramente inferior al del proyecto.

En cuanto a las retribuciones que recibió el gerente de Alonsotegi Eraikiz (712.394 euros) el informe constata que se adjudicó “sin licitación e incumpliendo los principios de publicidad y concurrencia”. Ocurre lo mismo con el abono de 214.235 euros a empresas vinculadas al gerente por servicios de asesoría fiscal y contable, de los que tampoco consta formalización de contrato.

Sin embargo, el Tribunal subraya que se ha aportado una “relación detallada de las facturas abonadas con expresión de conceptos, importes, fechas y trabajos realizados, por lo que no se aprecia menoscabo en fondos públicos”.