Barakaldo - El Ayuntamiento de Barakaldo reubicó ayer a la familia con menores que okupaba desde el pasado mes de septiembre el edificio de la calle Murrieta, conocido como la antigua alhóndiga, tras proceder ayer a su desalojo. Así, esta familia con tres menores de edad fue trasladada ayer mismo a una vivienda municipal en la que estarán durante al menos cuatro meses hasta que puedan acceder a la RGI y a otra vivienda. “Se ha trabajado de manera exquisita para ayudar a esas familias que se encontraban en esa delicada situación y, en todo caso, se va a velar por los intereses de esos menores”, expresó Amaia del Campo, alcaldesa de Barakaldo.
Respecto a las otras dos personas que okupaban de forma ilegal estas instalaciones, “desde junio se les están otorgando las ayudas pertinentes”, subvenciones que les permiten acceder a un alquiler. En este sentido, uno de los afectados declaró que le había sido embargada la ayuda por una deuda anterior; sin embargo, la alcaldesa recordó que estas ayudas básicas no pueden ser embargadas, por lo que, según indicó, “los técnicos de Acción Social están trabajando para ayudarle a solucionar esta situación”. Asimismo, en su día, para que estas dos personas pudiesen acceder a la RGI, según indican fuentes del Consistorio fabril, “se les recomendó que pusiesen como domicilio el Área de Acción Social que era donde se les empadronó y pusieron la dirección del Hogar Murrieta okupado de manera ilegal”.
La okupación de estas instalaciones ubicadas junto a la estación de Renfe de la localidad fabril contaba con orden judicial de desalojo desde enero y está respaldada por el Ararteko, quien en un informe del pasado día 5, recomendó a la familia con tres menores y a las otras dos personas que okupaban el edificio que “mantengan contacto habitual con los servicios sociales del Ayuntamiento y que atiendan las orientaciones que les sean dispuestas con el fin de disponer los recursos que actualmente ofrece el sistema vasco de protección social”.
Así, a lo largo del pasado martes, la Policía Local acudió, tal y como señaló la alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo, “hasta en cinco ocasiones para comunicar que al día siguiente debían abandonar el edificio” y no fue hasta pasadas las 22.00 horas, cuando consiguieron localizarles. Pese a haber sentencia firme desde enero, el Consistorio aguardó hasta el día de ayer para ejecutar la sentencia “por esperar a los recursos que había pendientes de resolver aunque podíamos haberlo hecho perfectamente”, indicó la primera edil fabril. El edificio fue tapiado y, próximamente se dedicará a acoger un equipamiento sociocultural. Por su parte, desde la plataforma Berri Otxoak se denunció, en voz de su portavoz, David González, que “este desahucio se ha hecho con nocturnidad y alevosía, con solo doce horas de plazo”.
En el caso de la familia con tres menores y de las otras dos personas desalojadas “no se había recibido ninguna solicitud de ayuda, ni petición de cita para estar con los servicios sociales”, destacó la alcaldesa. Por todo ello, Del Campo señaló que “la patada en la puerta no es la forma para optar a los servicios, hay que seguir los cauces legales, recurrir a los servicios sociales a las ayudas que están a disposición de la ciudadanía para este fin”. En la actualidad hay lista de espera en Barakaldo para optar a las viviendas sociales de la localidad fabril, ya que actualmente la demanda supera a la oferta de inmuebles destinados a aquellas personas que peor lo están pasando en Barakaldo. “Por esa lista de espera, la patada en la puerta no es la solución” , concluyó Amaia del Campo.
