Bermeo - La alcaldesa de Bermeo, Idurre Bideguren, prestó ayer declaración como testigo en las diligencias previas del caso San Miguel analizadas por el Juzgado de Instrucción número 2 de Gernika-Lumo. En las casi dos horas y media de testificación, la regidora bermeotarra apuntó que el origen del embrollo urbanístico, que tiene su base en la aprobación de un nuevo PGOU que posibilitó la reclasificación de un solar para albergar una promoción de 16 pisos, surgió en la anterior legislatura -bajo gobierno del PNV-; es decir, antes de que ella se hiciera con el bastón de mando en 2011. La Justicia mantiene imputados a su exedil de Urbanismo, Juan Karlos Goienetxea, y al constructor Tomás Tardío.

Preguntada por la magistrada, y los abogados de la acusación y la defensa, Bideguren rechazó que el caso San Miguel partiera de las malas prácticas que pudiera haber realizado el Ejecutivo de Bildu entre 2011 y 2015. El diseño del PGOU “venía ya de la legislatura anterior gestionada por el PNV”, ahondó. Desconocedora de los pasos dados, ya que no participaba en las comisiones de Urbanismo entre 2007 y 2011 -apuntó que durante los primeros pasos de su tramitación votó en contra-, la alcaldesa también defendió el proceder de Goienetxea. La magistrada no levantó ayer la imputación del que fuera alcalde de EA durante 16 años.

Durante su comparecencia, Bideguren (EH Bildu) se escudó en que los informes técnicos -de otras administraciones implicadas- recibieron luz verde para que el PGOU fuera aprobado definitivamente en 2012, siendo ella ya la máxima mandataria bermeotarra. En 2013 se concedió la licencia relativa a las viviendas del área 26 -zona del barrio de San Miguel actualmente en litigio judicial tras la denuncia de un vecino-, que un año antes habían pasado de urbanizable a urbano, lo que a juicio del denunciante ha reportado unos beneficios de 3 millones de euros al constructor imputado. A pesar de contar con informe contrario del equipo redactor según apuntaron desde la acusación, ese paso fue dado. Por último, un convenio, que la ayer declarante también sostuvo desconocer, al no tener “conocimiento exacto”, certificó la ejecución de esa promoción.

raíz del caso Tampoco conocía, salvo “por la prensa y el entorno”, la raíz desde la que muchos años atrás parte el caso San Miguel, que tiene otras ramificaciones en la Audiencia Provincial de Bizkaia y el Tribunal Supremo, en Madrid. Se trata de un convenio firmado por la conservera Ormaza, situada en pleno centro de la villa, para construir una nueva planta en los exteriores. Finalmente, nunca se materializó, pero el cambio en el aprovechamiento urbanístico de esos suelos para construir pisos pasó al área 26 -que está anulada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco-, donde se ubica en solar ahora en pugna judicial.