Portugalete. El Ayuntamiento de Portugalete y Asti Leku sellaron ayer un acuerdo que ha tardado más de seis años en fraguarse. El futuro desarrollo urbanístico de la zona ha estado pendiente del entendimiento entre ambas instituciones, que no se ponían de acuerdo sobre la medidas a desarrollar para cumplir el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Ahora, tras la rúbrica de ayer, el Consistorio asumirá el derribo de las 54 viviendas anexas al centro, que se encuentran fuera de ordenación, y el realojo de sus vecinos. A cambio, la ikastola cederá parte de sus terrenos y se hará cargo del pago y la construcción de un vial que dividirá uno de sus campos de fútbol, ahora en desuso. Así, podrá hacer uso de esos terrenos calificados como educativos hace 22 años. "Es un buen convenio urbanístico", resumió ayer Mikel Torres, alcalde de la villa. "Estamos satisfechos", matizó José Félix Ruiz, presidente de la cooperativa Asti Leku.

El convenio es "complejo" y se remonta hasta el PGOU de 1991, cuando los terrenos que ahora ocupan las viviendas eran calificados bajo el régimen educativo. "Se ha desbloqueado una situación que nos hacía ver el horizonte muy negro", explicó Ruiz. Para poder hacer uso de ese terreno con un nuevo edificio, la ikastola debía realizar un gasto de más de dos millones de euros; algo inasumible que incluía el derribo de las viviendas de Grumete Diego. Este proceso será ahora asumido por el Ayuntamiento, que a través de este convenio expropiará de manera pactada los terrenos al centro pasando a ser de su titularidad. Asti Leku tendrá, en cambio, el derecho a uso de los mismos, guardándose la opción de comprar esas tierras dentro de 30 años.

Propiedad municipal A cambio de la liberación de estas cargas económicas, el centro educativo perderá terreno con el cruce de un vial, necesario para desarrollar el proyecto urbanístico proyectado en la zona. La carretera deberá ser ejecutada por la cooperativa mientras que el Ayuntamiento se hará con la titularidad de otro terreno escolar "como garantía de las cargas urbanísticas". "Seguro que había más soluciones, y nosotros ya planteamos algunas sobre la mesa pero había que llegar a acuerdos y eso significa ceder por ambas partes", apuntó el presidente de la cooperativa.

El acuerdo ha tardado en llegar a buen puerto, pero lo ha hecho siguiendo dos premisas fundamentales, "proteger el derecho de los vecinos de Grumete Diego a medio largo plazo y que tengan asegurado el realojo" y garantizar "la continuidad" de la ikastola en la villa. La nueva situación a la que se enfrente el centro le obliga a realizar una reparcelación de sus terrenos, obligatorio para cambiar la titularidad de los mismos y un nuevo plan especial.

La firma de este nuevo acuerdo no afectará a la futura colaboración entre Ayuntamiento e ikastola, que ya ayer mostraron su disposición a continuar cerrando convenios de colaboración en la ámbito cultural y social.