Santander. El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria dio ayer un paso inédito hasta ahora en la comunidad para hacer cumplir la veintena de sentencias de derribo que ha dictado en los últimos años en Argoños: encargar directamente a una empresa pública una demolición, al ver que el Ayuntamiento no atiende sus requerimientos.
Para ello, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC invoca el principio de colaboración al que deben atenerse todos los poderes del Estado para encargar a la empresa pública Tragsa que derribe doce chalés de la urbanización Las Llamas II, en Argoños, tras haber vencido el plazo de seis meses que había dado al Ayuntamiento para que cumpliera esa sentencia. El TSJC adelantó que cobrará al Ayuntamiento el coste de los trabajos necesarios para tirar esas viviendas, que fueron declaradas ilegales hace diez años.
