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Bizkaia tramita 84 solicitudes para campamentos de verano, el doble que en 2025

El nuevo reglamento sobre actividades de ocio educativo y tiempo libre infantil y juvenil será aprobado el día 11 y contempla sanciones de hasta 600.000 euros

Bizkaia tramita 84 solicitudes para campamentos de verano, el doble que en 2025Freepik

La modificación de la ley que reforzará el control sobre los campamentos y colonias de verano será aprobada el jueves, día 11, durante el pleno ordinario que se celebrará en el Parlamento Vasco. El anterior marco normativo sobre las actividades de ocio educativo y tiempo libre infantil y juvenil lleva fecha de 1985. Con este paso hacia adelante, que fija más herramientas de control y una mayor capacidad sancionadora -hasta 600.000 euros para las más graves- se espera que situaciones como las denunciadas en Bernedo no vuelvan a ocurrir.

En Bizkaia han sido gestionadas 84 solicitudes para este verano, el doble que un año antes. Y, como ha ocurrido en Araba y en Gipuzkoa, se han realizado requerimientos de subsanación en aquellos expedientes en los que la documentación estaba incompleta. Porque este año, el papeleo requerido para poder organizar los tradicionales udalekus ha sido más exhaustivo. La entidad responsable de la actividad en la que tomen parte menores de edad tiene que haber firmado previamente una Declaración Responsable. Se trata de un documento oficial en el que se manifiesta “bajo la asunción de la propia responsabilidad, que se cumplen todos los requisitos exigidos por la normativa”.

Este trámite debe ser cumplimentado ante la diputación correspondiente o ante el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno vasco cuando la actividad se realice en más de un Territorio Histórico. En el supuesto de acampar al aire libre se deberá contar con el informe favorable del Ayuntamiento correspondiente con la autorización de la persona o entidad propietaria del terreno.

Adaptar los formularios

Además, en las actividades de tiempo libre es obligatorio aportar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual del personal y monitorado que vaya a estar presente cuando se celebren esas actividades. Desde el Ejecutivo Vasco ya han lanzado el encargo para desarrollar “un aplicativo común” que pueda facilitar la burocracia. Los formularios de diputaciones y Gobierno Vasco serán adaptados este año para que los datos que se solicitan sean iguales.

El Ejecutivo asumió en su día el liderazgo para coordinar todo este proceso para reformular el marco normativo de las actividades de ocio educativo y tiempo libre infantil y juvenil. Y así lo ha hecho con las diputaciones y Eudel. Asimismo, en el proceso de elaboración del decreto también han participado Astialdi Sarea y Astialdi Foroa. “El trabajo continuo y diario permite llegar a acuerdos ágiles con un objetivo claro, dar confianza a las familias, dar seguridad y también apostar por el tejido asociativo que tenemos en Euskadi”, manifestaba Adrián López Saratxaga, director de Juventud y Emancipación.

"Las inspectoras están desde el primer día trabajando para que todo funcione a la perfección"

Adrián López Saratxaga . Director de Juventud del Gobierno Vasco

Uno de los primeros puntos abordados se materializó en la necesidad de contar con un equipo de inspectoras que se encargará de velar por el bienestar de los menores que tomen parte en estas actividades de ocio veraniegas. “Nos van a dotar de mayor garantía de que la Ley se cumpla. Personas que están desde el primer día trabajando para que todo funcione a la perfección”, manifestaba el director de Juventud y Emancipación en declaraciones a DEIA.

Antes, durante y después

La inspección previa se centra en la verificación documental: titulaciones del personal, seguros, autorizaciones, ratios de monitores y protocolos de actuación. Es una fase “clave para detectar incoherencias o carencias” antes de que las actividades comiencen y para garantizar que se cumplen los requisitos mínimos exigidos por la normativa. Esa fase más burocrática y administrativa incluye la presentación de esa Declaración Responsable, el compromiso legal que adquieren las entidades organizadoras. Un trámite administrativo que se complementa y refuerza con esos controles previos, las inspecciones durante la actividad y los mecanismos de control planeados a posteriori.

“El objetivo es que las familias sepan que hay un modelo integral detrás, que se queden tranquilas”, resumía López Saratxaga. A esto se le suman las guías para familias y para las entidades. Asimismo han sido habilitados varios números de teléfonos para que tanto las familias como las entidades hagan las consultas que sean necesarias, además del teléfono de Zeuk Esan (116111) “como un espacio de ayuda dirigido a niños, niñas y adolescentes. Las familias pueden estar seguras”, zanjaba.

"La evaluación y los procesos de mejora son necesarios siempre y más cuando estamos hablando de la protección de menores"

Adrián López Saratxaga . Director de Juventud del Gobierno Vasco

Algunas de esas visitas in situ al espacio donde se realice el campamento o la colonia serán comunicadas previamente, aunque también las habrá por sorpresa. Siempre en función de la actividad y del objetivo de la inspección, avanzaban fuentes del Departamento. Del mismo modo, tal y como indicaba el director de Juventud y Emancipación, tras la finalización de las actividades se analizarán incidencias, informes y, llegado el caso, testimonios. “Esto permite detectar patrones, corregir errores y mejorar el sistema año a año. La evaluación y los procesos de mejora son necesarios siempre y más cuando estamos hablando de la protección de menores”, valoraba López Saratxaga.

Imposibilidad de organizar actividades

En todo este proceso de control preventivo se evaluarán criterios como pueden ser las dimensiones educativas propuestas por la entidad correspondiente para ese campamento, así como titulaciones, certificados de delitos, seguro, protocolo… Y, efectivamente, se contempla un régimen sancionador proporcionado que puede ir desde advertencias y requerimientos a sanciones administrativas de hasta 600.000 euros o la imposibilidad de organizar actividades en futuras temporadas si se producen incumplimientos graves.