Con un parque de viviendas de los más antiguos de Europa, cada vez son más los edificios de Bilbao que están obligados a pasar la Inspección Técnica de Edificios (ITE). Y para este año 2026 serán 1.073 los que tienen el requerimiento municipal de pasar esta revisión. De ellos, 55 son construcciones residenciales que cumplen los 50 años. El resto, 1.018, deben repetir la inspección que ya realizaron en 2016.
El balance del Ayuntamiento de Bilbao respecto a 2025 indica que el grado de cumplimiento de las residencias es superior al 90%, concretamente del 93,55%. De las 1.103 edificaciones que tenían la obligación de presentar la ITE el año pasado, ya se han registrado 500. El resto están pendientes de entregar la documentación, porque como ha explicado Asier Abaunza, concejal de Planificación Urbana, Proyectos Estratégicos y Espacio Público del Consistorio de Bilbao, “tienen plazo para presentarla porque hasta que no concluyan los trabajos que les requiere la ITE” no la registran ante el Gobierno Vasco.
Obligación
El requerimiento de realizar estas inspecciones es para todos aquellos edificios que cumplen 50 años, los que ya ha pasaron una primera ITE hace una década, los que quieran acogerse a ayudas de la administración pública para ejecutar rehabilitaciones, y aquellos edificios catalogados. Para que los resultados de esa inspección no ocasione grandes problemas a las comunidades de vecinos, Abaunza ha invitado a que se realicen “tareas de mantenimiento cotidianas”. Además, ha subrayado que esa conservación es independiente de la edad de las construcciones. “Hay edificios de más de 100 años que están en perfecto estado porque se llevan a cabo esas tares mientras que otros con 30 años presentan problemas graves. Y pasa lo mismo con el material de construcción, sea madera u hormigón”.
Sanciones
Apenas es un 6,5% los edificios que no han presentado o ejecutado la ITE. Para ello, existen sanciones que puede aplicar el Ayuntamiento, aunque como han precisado Abaunza y Javier Martínez Callejo, director de Planificación Urbana, esta es la última medida. Y la cuantía varía en función de “si es el primer requerimiento o el tercero”. En las situaciones más graves, es el propio Ayuntamiento el que toma la decisión de realizar los trabajos directamente para solucionar los problemas que presentan las edificaciones. “Cuando puede afectar a terceros es cuando intervenimos”, ha apuntado Abaunza señalando que cuando es la administración pública la que actúa para solucionar problemas “como la posible caída de una cornisa”, el Consistorio ejecuta esas obras y posteriormente “gira los costes” a la comunidad de propietarios.
