Apenas han transcurrido cuatro meses desde la entrada en vigor de la ordenanza animal, pero a juzgar por algunas cifras está cumpliendo sus objetivos. La normativa municipal del Ayuntamiento de Bilbao –que llegó a ser muy mediática porque recogía sanciones de hasta 3.000 euros a los dueños de perros que no limpiaran sus orines– ha permitido que se impongan multas por valor 70.000 euros en relación a una conducta tan censurable como el abandono de perros: concretamente, han sido un pitbull y seis malinois cuyos dueños han recibido una sanción de 10.000 euros cada uno. Pese a que cada uno de estos casos de desamparo animal es grave, las cifras se alejan cada vez más de los 155 abandonos animales registrados en 2022. En total, además, se han impuesto 43 sanciones por diferentes motivos, como tener a los canes sueltos o sin su correspondiente chip.
“Se ha conseguido poner el foco en el bienestar animal”, asevera Álvaro Pérez, concejal de Salud y Consumo, sobre la valoración que hace desde la implementación de la normativa, que fue aprobada en el pleno municipal de marzo, aunque no entró en vigor hasta finales de mayo tras su publicación en el BOB. Desde entonces la Ordenanza Municipal Reguladora de Protección, Bienestar y Tenencia Responsable de los Animales de Compañía se aplica a los animales de compañía, principalmente perros, gatos y hurones, pero también otros animales auxiliares (perros pastores, de rescate…) y exóticos. Su objetivo principal, recuerda Pérez, es “garantizar el respeto y buen trato a los animales de compañía, fomentar la adopción y combatir su abandono”. Y en esa línea se reguló un régimen sancionador con multas desde los 100 euros en el caso de las infracciones leves hasta los 100.000 euros para las más graves.
El abandono animal, tipificado como grave –igual que todas aquellas actuaciones que impliquen daño o sufrimiento para el animal– se sanciona con 10.000 euros. “Es como abandonar a tu hijo”, argumenta Pérez, quien determina que se decreta un abandono cuando un perro que –estando o no identificado su origen, titular o responsable– se haya recogido de la vía pública por encontrarse extraviado y no haya sido recuperado del centro municipal de control animal por su titular en los plazos establecidos en la ordenanza. Según concreta el concejal del área, se trata de animales cuyo titular se detecta por el microchip que contiene un contacto. “Se les notifica por vía electrónica y por teléfono y si no va a recogerlo es cuando se le impone la sanción”, expone el edil de Salud y Consumo.
REDUCCIÓN DE ABANDONOS
Según los datos de los últimos años, los abandonos de perros han ido reduciéndose notablemente: en 2022 se registraron 155; en 2023 fueron 103; en 2024 fueron 86; y en el primer semestre de 2025 fueron 41. En ese sentido, que en los últimos cuatro meses solo se hayan producido siete abandonos resulta significativo, ya que la entrada en vigor de la nueva normativa –en la que esta práctica se ha tipificado como grave, aumentando el valor de la sanción– está siendo disuasoria. Lo mismo ocurre con otras infracciones de carácter leve (conductas que no provoquen daños físicos ni alteraciones de comportamiento animal) o muy graves (conductas que provoquen la muerte o secuelas graves permanentes al animal).
En ese sentido, Álvaro Pérez destaca, principalmente, que entre los siete canes abandonados en este periodo solo se ha registrado un abandono de un perro potencialmente peligrosos (PPP), que era un pitbull. “Es un gran avance, antes solíamos tener muchos más. Un abandono resulta casi anecdótico, porque las realidades son las que son y a saber quién era el dueño del perro”, explica el concejal, quien, no obstante, revela que en esta consideración hay una “pequeña trampa”. Así, revela que los otros seis perros eran pastores belgas, conocidos también como malinois, una raza que no está considerada como potencialmente peligrosa. Se trata de una clasificación que no corresponde al Ayuntamiento ni al Gobierno vasco, recuerda Pérez, sino el Gobierno estatal. En ese sentido, argumenta que la posesión de un malinois no requiere el seguro de responsabilidad civil que sí es necesario para los PPP, aunque pueda ser incluso más peligroso que estos últimos. “Este es el motivo por el que muchos optan por esta raza”, indica.
De hecho, al abordar el estudio para determinar la nueva ubicación de la perrera municipal, desde el Consistorio aseveraban que se trataba una raza emergente, con “mucha energía y capacidad de aprendizaje”. Así, añadían que pueden dar “grandes problemas” si no se tiene control sobre el animal o si no se le da el espacio necesario. “Son animales nerviosos que necesitan mucho paseo, disciplina...”, indicaban. Aunque aún hay nada concluyente sobre el futuro emplazamiento de la perrera, Álvaro Pérez reconoce que deberá ser un espacio en un suelo municipal más amplio y mejor comunicado con la ciudad.
OTRAS SANCIONES
En lo que respecta al resto de sanciones, Álvaro Pérez determina que se diferencia entre los PPP y el resto de razas. En la primera categoría –en la que entran los rottweiler, dóberman o staffordshire, entre otros–, además de una sanción por abandono, se ha impuesto otra multa a un dueño cuyo perro no tenía el microchip. “Sin bozal se han sancionado a tres y sin aportar licencia se ha denunciado a uno”, indica el edil de Salud y Consumo. En cuanto al resto de los perros, además de los citados seis abandonados, se ha impuesto una multa por un perro que no estaba bien inscrito en el Registro de Identificación de Animales de Compañía de la CAE (REGIA) o no tenía el seguro de responsabilidad civil, es decir, por infracción del artículo 4. Asimismo, se ha impuesto otra sanción por el incumplimiento del requerimiento al dueño de un perro mordedor; 7 por no tener el microchip; 10 por no gradar la debida custodia en la diligencia; y 12 por no llevar correa.
No obstante, Álvaro Pérez explica que no se ha puesto ninguna sanción por la prohibición de pasear a perros con correas de más de dos metros de longitud o por la obligación de limpiar también los orines de las mascotas en la vía pública, dos de las novedades que incluía la nueva normativa. “Primero hay que concienciar, pero hemos detectado que cada vez más gente que sale a pasear con sus perros lleva botellas de agua”, afirma el concejal, quien indica que hay que ir “poco a poco” para que se interiorice la costumbre, igual que en su día los propietarios de perros asumieron el hábito de recoger las heces. “El policía no va a medir si la correa es de tres metros, pero también vemos que cada vez se usan menos las correas extensibles en animales grandes. Creo que está calando”, apostilla el edil.
En lo que se refiere a los gatos, Álvaro Pérez expone que no se han puesto sanciones, ya que registraron un abandono pero finalmente se consiguió dar con el propietario. “Seguimos trabajando para que se les ponga el chip, pero es verdad que no hay esa cultura”, reconoce el edil. De hecho, los veterinarios vascos afirmaban hace un año que el número de gatos registrados en el censo del Gobierno vasco había aumentado un 71% desde la entrada en vigor de la Ley de Protección de Animales de Compañía en septiembre de 2022. Sin embargo, consideraban que esta cifra debía aumentar para cumplir con la obligatoriedad. En ese sentido, el concejal reconoce que el hecho de que muchos gatos no tengan microchip impide a menudo determinar si es que no tenía dueño o ha sido abandonado. “Por norma general se suele saber por el comportamiento que tienen”, concluye.
