Los pisos turísticos aumentan un 33% en Bilbao en un año

La proliferación de los pisos turísticos, principalmente tras la pandemia, no es una realidad exclusiva de Bilbao. De hecho, la capital vizcaina, siendo la urbe más poblada de toda Euskadi, solo acoge uno de cada cinco alojamientos de este tipo. Actualmente, hay 4.655 viviendas en el registro del Gobierno vasco y buena parte las mismas, 1.262, están en Donostia. No obstante, al margen de las capitales, las poblaciones costeras perciben una elevada presión de los pisos turísticos. Además de las localidades guipuzcoanas de Zarautz (214) y Hondarribia (168), en Bizkaia destacan Bermeo (249), Getxo (169), Lekeitio (88), Mundaka (87), Bakio (76) y Sopela (72). Mientras tanto, Araba se queda al margen del fenómeno, ya que en Gasteiz apenas hay 91 pisos turísticos y en el resto del territorio no hay concentraciones, ni siquiera en los lugares con más atractivo turísticos, como Laguardia, donde solo hay 19 establecimientos.

Ante este crecimiento gradual e imparable, el Ayuntamiento de Bilbao anunció en el pleno del mes de mayo que modificaría su PGOU con la intención de restringir aún más la presencia de los pisos turísticos en la ciudad. De esa forma, Asier Abaunza, concejal de Planificación Urbana, expuso el pasado jueves que ya han contratado la asistencia técnica para redactar el texto que concretará la forma que adoptará la nueva limitación en base a datos por barrios y distritos. Según apuntó, estará listo en otoño. Por de pronto, se desconoce en qué consistirá la restricción, aunque teniendo en cuenta que gran parte de las viviendas turísticas de Bilbao se concentran en el Casco Viejo, es muy posible que planteen alguna medida específica para este barrio.

La primera modificación del PGOU capitaneada por el Consistorio bilbaino en este sentido, en 2017, incluyó los pisos turísticos dentro de la limitación implantada a las actividades económicas, de forma que solo pudieran implantarse en las primeras plantas. En abril de ese año, las viviendas turísticas registradas en la capital vizcaina apenas llegaban a las 179. A pesar de ello, dicha restricción fue aún más severa en el Casco Viejo, donde se acordó que solo pudiera establecerse una por comunidad. El propio Abaunza recordó el pasado jueves que fue una normativa “pionera” que posteriormente fue secundada por varios consistorios. De hecho, el Ayuntamiento de Donostia impulsó una ordenanza que fue anulada por los tribunales y, posteriormente, tuvo que modificar su PGOU como procedimiento urbanístico para regular estos alojamientos.

Patata Caliente

Es más, la capital guipuzcoana suspendió en 2023 la concesión de licencias de alojamiento y este año ha prorrogado esta moratoria por dos ejercicios más mientras se tramita la modificación de su plan urbanístico. Esta moratoria, sin embargo, ha provocado que los pisos turísticos aumenten en otras localidades del territorio vecino, evidenciando que no existe una fórmula mágica para regular este fenómeno. De hecho, el anuncio del alcalde barcelonés, Jaume Collboni, de eliminar todos los pisos turísticos de la ciudad condal de cara a 2028 –los 10.000 establecimientos diseminados por la ciudad han obligado a tomar medidas contundentes– ha encendido las alarmas en otros municipios catalanes que temen el efecto llamada que pueda conllevar. Estos ejemplos demuestran que la regulación de las viviendas turísticas es una patata caliente que afecta a localidades de toda condición política y, hasta la fecha, ningún partido ha dado en la tecla con una normativa que satisfaga todos los intereses que se contraponen. Y el problema ha salido a relucir ahora no solo por el auge de esta modalidad de alojamientos, sino por la incidencia que tienen en el acceso a la vivienda habitual por parte de los residentes en las poblaciones que más presión padecen. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, indicó que mañana miércoles planteará a las comunidades autónomas y resto de administraciones una serie de propuestas para “poner coto” a los pisos turísticos, entre ellas la creación de un registro estatal para controlar su número y la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal.

Plataformas

Mientras tanto, existe la posibilidad de que sean las propias comunidades de vecinos las que restrinjan la implantación de pisos turísticos cambiando los estatutos. Esta es una de las herramientas disponibles para los ciudadanos, aunque son los ayuntamientos los que están capitaneando las restricciones urbanísticas al ser conscientes, además, de que parte de las viviendas turísticas ofertadas en plataformas como Airbnb operan de forma clandestina. En ese sentido, el Gobierno vasco habilitó en 2019 un buzón para que los ciudadanos pudieran denunciar de forma anónima las viviendas turísticas sospechosas de ser ilegales. Además, el Departamento de Turismo realiza inspecciones de oficio. Así, solo en Bizkaia, en 2023 se llevaron a cabo 355 inspecciones y fueron 154 los expedientes sancionadores abiertos.

A pesar de ello, a juzgar por la ingente oferta de las páginas web, se sospecha que las viviendas turísticas ilegales, solo en Bilbao, pueden sumar centenares. Hasta la fecha las plataformas se han negado a compartir sus datos con las instituciones, lo que ha dificultado identificar los negocios irregulares. No obstante, un reglamento europeo que ya ha sido aprobado –aunque los estados miembros tendrán dos años para aplicarlo– obligará a que las plataformas compartan datos de los establecimientos que ofertan. Ello posibilitará que el Gobierno vasco los coteje con su registro para detectar aquellos que operan de forma fraudulenta.