Bilbao - El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) estimó la impugnación de dos acuerdos del Ayuntamiento de Bilbao que permitieron la recalificación de un patio de la ikastola Urretxindorra para levantar un edificio donde se ha ubicado el supermercado de Mercadona en el barrio de Miribilla.

La sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal vasco reprocha al Consistorio que modificara el Plan General de Ordenamiento Urbano (PGOU) haciendo “urbanismo a la carta, para satisfacer los intereses privados”.

La ikastola Urretxindorra vendió parte de la parcela que ocupaban sus patios de recreo en ese barrio, con el objetivo de poder financiar una ampliación de sus instalaciones. Ese terreno de la calle Martín Barua fue recalificado por el Ayuntamiento en aras a posibilitar levantar un edificio que ahora alberga un supermercado de Mercadona. El centro comercial abrió sus puertas en noviembre de 2016, con unos 2.510 metros cuadrados de supermercado a pie de calle y la misma superficie de aparcamiento subterráneo.

Ahora el TSJPV atendió la demanda formulada por la sociedad propietaria de otro centro comercial que ya existía en el barrio contra dos acuerdos del Ayuntamiento de Bilbao de 2014 que tuvieron como objetivo recalificar el terreno del patio del centro escolar para posibilitar edificar en él. El tribunal reprocha al Consistorio que utilizara “la potestad de planeamiento” de manera discrecional “con la única finalidad de financiar la ampliación” de la ikastola, ya que ha invertido en sus instalaciones los ingresos derivados de esa operación.

Según constata la resolución, ese centro docente es titularidad privada ya que es una cooperativa, y por ello, la Sala recrimina al Consistorio que primara “satisfacer los intereses privados”, “instrumentalizando la potestad del planificador como vía de financiación privada”, en lugar de satisfacer a los intereses generales. Estima que la necesidad de incorporar más aulas a la ikastola por el aumento de la demanda de plazas en ese centro no es suficiente para justificar ese posible “interés público en materia de Educación” que aducen el Ayuntamiento y la ikastola, ya que la oferta de plazas escolares del barrio de Miribilla estaba ya satisfecha tanto por las existentes en otros centros privados como públicos.

La ikastola Urretxindorra y la empresa valenciana de distribución, incluidas en el litigio como codemandadas, recurrieron la sentencia. El Ayuntamiento, por su parte, no se ha pronunciado de momento al respecto. De no prosperar sus recursos, la resolución del TSJPV podría conllevar el derribo del edificio.