BILBAO - El primer pleno municipal de este año rescató ayer un asunto que abre heridas en Bilbao y para el que el alcalde Juan Mari Aburto siempre ha buscado el consenso: Ollerías. El PP pidió en esta ocasión que el equipo de gobierno “preste orientación y asistencia jurídica a los vecinos en los procesos judiciales en los que se encuentran personados y que ejecute la deuda pendiente en la lonja de Ollerías Bajas”. El alcalde pidió trasladar “una voluntad de trabajar sin sembrar falsas expectativas, que no van a ayudar a nada”, y aseguró que el Consistorio “siempre va a estar con las víctimas y con los vecinos”. El resto de concejales afearon la conducta del grupo popular en este asunto y le reprocharon su ánimo de “sembrar la confrontación”.
Aunque la tensión mediática en Ollerías no es tan efervescente como el pasado mes de mayo, el trabajo es igual de intenso, según dio a conocer ayer el alcalde de Bilbao y secundó el concejal de Acción Social, Iñigo Pombo. La pasada semana, desveló Aburto, mantuvo un encuentro con los vecinos, y la próxima volverá a reunirse con ellos. El conflicto es complicado y su resolución implica el trabajo de varias áreas y meses de intermediación, por eso “todavía no hay una solución global al conflicto”, dijo Pombo.
Aunque EH Bildu, Udalberri y Ganemos han tenido sus propias reticencias sobre lo que se hacía o no, precisamente en aras del consenso que pueda favorecer la resolución de este problema, aparcaron en mayo sus diferencias en este asunto para trabajar conjuntamente. Para el PP no es suficiente y así lo volvió a plantear ayer. Y, de nuevo se dio de bruces con todos los grupos, que incluso cada vez lo dicen si no más alto, sí más claro.
Samir Ladhou, portavoz de Ganemos, reprochó al concejal popular Oskar Monroy, que defendió la propuesta, su búsqueda de “dividir”, ya que “parece el único que quiere defender a los vecinos”. Carmen Muñoz, portavoz de Udalberri, también le acusó su “clara voluntad de alimentar el conflicto”. Y EH Bildu recordó que “se puede ser crítico con las instituciones, pero es un problema grave y en mayo ya se quedaron solos”.
Monroy opinó que se trata de una situación “de conflictividad y delincuencia enquistada desde hace más de una década en la zona de Ollerías”, y aseguró que “ríos de tinta han corrido con este asunto”, y que incluso la gravedad del mismo obligó a la intervención del Fiscal General del País Vasco”.
El concejal del PP señaló que “la Policía Municipal ha realizado durante 2016, un total del 46 intervenciones, de las cuales diez han sido judicializadas”, y lamentó que la respuesta municipal ha sido “disminuir la presencia de unidades y de agentes uniformados en la zona”.
Por estas circunstancias explicó que los populares piden “prestar orientación y asistencia jurídica a los vecinos de Ollerías en los procesos judiciales en los que se encuentren personados por amenazas y agresiones” a vecinos que “son víctimas de la violencia protagonizada por el clan familiar conocido como Los Pichis”.
Víctimas o agresores “Es lo mínimo que este Ayuntamiento puede hacer, y el alcalde y el gobierno tendrá que elegir entre defender a las víctimas, es decir a los vecinos, o defender a los agresores, a los que han generado una alarma social sin precedentes dentro de nuestro municipio y fuera de él”, dijo. La segunda petición de los populares pidió que se ejecute “la deuda pendiente en relación a las lonjas de Ollerías bajas, 6, denunciada públicamente por los vecinos y que se arrastra desde hace años”. Por eso, añadió que “es incomprensible que el Ayuntamiento no la haya ejecutado ya, para defender los intereses de todos los bilbainos”. El alcalde Aburto tomó la palabra para precisar que “lo exacto es decir que el Fiscal General del País Vasco ha actuado, y antes de que el fiscal haya acudido, este alcalde acudió al fiscal general, y está pendiente de estar nuevamente con él, porque el fiscal tiene la defensa del interés público y de los menores”. En respuesta a la crítica por la disminución de la presencia de agentes, Aburto dijo que “sería justo completar la información añadiendo que en el barrio se han colocado elementos de seguridad pasiva, de cámaras, con grabación constante, lo que aporta una seguridad a ese entorno”.
Por su parte, Pombo aclaró que “decimos que no a la propuesta del PP, pero no decimos que no a los vecinos”. El concejal de Acción Social aseguró que “todos queremos solucionar este problema”. Finalmente, el alcalde aclaró que el Ayuntamiento “no presta asistencia en juicio ni a vecinos ni a ningún otro colectivo”.
