Seis cámaras de vigilancia permitirán controlar la seguridad en Ollerías

BILBAO - Ollerías se encuentra en el punto de mira de instituciones, vecinos y policía. Delincuencia, problemas de convivencia y menores son un cóctel conflictivo cuya solución es “difícil, larga y complicada” según reconoció ayer el concejal de Seguridad de Ciudadana, Tomás del Hierro, pero que se espera resolver con el trabajo conjunto de instituciones y vecinos. La Policía Municipal detuvo el pasado 20 de abril a cuatro miembros de la banda Los Pichis, “neutralizando el clan”. Próximamente, el Ayuntamiento instalará seis cámaras de vigilancia que reforzarán la seguridad en la zona en la que ya se ha incrementado la presencia policial. Además, ha sido notificado el embargo de las lonjas- vivienda y las instituciones han intervenido socialmente con los menores de la familia. Estas actuaciones, sin embargo, no terminan de sosegar a los vecinos que están hartos de la situación. Ayer, una concentración en la plaza del Teatro Arriaga pidió solidaridad con Ollerías.

“Nos encontramos ante un conflicto vecinal de barrio que debe ser gestionado desde dos ámbitos: familia y comunidad, y desde el punto de vista interinstitucional de manera coordinada entre las distintas entidades”. El concejal de Seguridad Ciudadana, Tomás del Hierro, compareció ayer ante los grupos de la oposición para dar a conocer los pasos adoptados en Ollerías por el Ayuntamiento así como el plan de intervención coordinado por el Observatorio de la Convivencia en el que intervienen además de Seguridad Ciudadana, Acción Social, Vivienda y Surbisa.

Del Hierro repasó el cronograma de actuaciones y reuniones interinstitucionales establecidas buscando la cooperación del resto de entidades implicadas entre las que se encuentran la Diputación de Bizkaia, Lanbide, Fiscalía de Menores, así como los departamentos de Educación, Justicia y Vivienda del Gobierno vasco. También dio cuenta de los encuentros mantenidos con las asociaciones vecinales del barrio de Ollerías.

“La detención de los cuatro miembros de la banda Los Pichis ha neutralizado el impacto que a nivel delincuencial han estado creando los menores”, según valoró el concejal. De estos, dos menores fueron trasladados a un centro de reforma, donde cumplen medidas judiciales; un menor fue entregado a su tía, y otro joven, reclamado judicialmente, fue entregado al Juzgado. Sin embargo, Del Hierro dijo que “tal y como se constata, debido a la alarma social creada y las consecuencias de sus acciones, los vecinos creen reconocerles en otros actos de tipo antisocial que se producen en el barrio”. Ante situación y de manera permanente se ha establecido un dispositivo de vigilancia policial a fin de evitar incidentes entre vecinos y esta familia, además de para identificar y entregar a la Diputación a los menores fugados de los centros de acogida.

MEDIDAS La seguridad será reforzada con seis cámaras de vigilancia en diferentes zonas del área de influencia delictiva y se trabajará de forma coordinada con la Ertzaintza.

Otras actuaciones tienen que ver con los sótanos y las viviendas propiedad del clan conflictivo. En colaboración con Surbisa, el Ayuntamiento procedió a su cierre con el fin de evitar incidentes, dadas las denuncias vecinales interpuestas por su mal uso.

El concejal explicó que la Policía Municipal acompañó a la sociedad durante el proceso de cierre con el fin de evitar incidentes y observar si había menores en los alrededores que puedan ser objeto de búsqueda. Surbisa ha ofrecido ayudas a los vecinos para los pagos derivados de las obras de cierre. Del Hierro dio a conocer que el Observatorio ha solicitado información de posibles deudas contraídas por la familia con relación a las lonjas-viviendas de Ollerías. En este sentido, “desde Hacienda han confirmado una notificación de embargo con fecha de 13 de mayo por una deuda sobre las dos lonjas en las que vive la familia y que podría ejecutarse mediante subasta”.

También se han solicitado datos a la Diputación sobre el trabajo que realiza con uno de los menores que se encuentra internado en un centro foral. Tanto el concejal de Seguridad como el de Acción Social, Iñigo Pombo, mostraron su preocupación por la situación de los menores de este clan. Según la información aportada, “se ha conseguido la colaboración familiar para que hagan entrega de los dos hermanos tutelados por la Diputación que están en un centro de reforma”. Además, se ha contactado con el departamento de Educación del Gobierno vasco ante la posible desescolarización de otro menores de la misma familia para evitar su desamparo y se están coordinado acciones para solicitar a la Diputación que realice un seguimiento a dichos menores y se adopten medidas extraordinarias de tutelaje para evitar fugas y garantizar su permanencia. En este punto, Pombo indicó que es una trabajo complicado porque, aclaró, “no se trata de justicia juvenil y no se les puede retener contra su voluntad”.

Además de estas actuaciones también se ha pedido la intervención de la asociación de gitanos Kale Dor Kayiko.

La Oposición El portavoz de Ganemos, Samir Ladhou, mostró su preocupación por la situación de los menores y dijo que “la Diputación está escurriendo el bulto”, en referencia al joven que fue entregado a su tía al no encontrar un espacio para él. El concejal del PP, Oskar Fernández, criticó “la pasividad de la Diputación y del Gobierno vasco”. Además, negó que “sea un conflicto de ahora porque desde hace una década se están produciendo todo tipo de conflictos en esta zona. Hay delitos medioambientales, maltrato de animales, robos, agresiones... ¡Qué más tiene que pasar!”, se preguntó el concejal.

Para la concejal de EH-Bildu Alba Fatuarte, “la situación está en un punto álgido. Ahora se está notando una mayor presión, pero después de diez años llega tarde”. Sin embargo, la edil de la coalición abertzale no comparte “la postura de quienes aprovechan el hartazgo de los vecinos para calentar más el ambiente y trasladar la sensación de que Bilbao es una ciudad insegura”.

Carmen Muñoz, portavoz de Udalberri, señaló que “nadie duda de que la solución es difícil pero queremos saber si van a tener ya una solución”.

Alfonso Gil, portavoz del PSE y socio en el gobierno municipal, negó que no se haya hecho nada hasta ahora y pidió a quien la tenga “que de la solución” pero “la dispersión nunca es la solución”, señaló.