Solo un día después de que el caso saliera a la luz pública reventaron los buzones de todos los vecinos. Si no fuera porque es el día a día del portal número 53 de la calle San Francisco cualquiera podría pensar que fue a modo de represalia. Los okupas de dos de las viviendas de dicho bloque continúan alterando la convivencia mediante actos incívicos que atentan contra la comunidad. Solo la última semana, la Policía Municipal ha recibido tres llamadas de los vecinos para denunciar incidentes como el allanamiento del patio de luces, al que varios individuos han accedido en reiteradas ocasiones para dormir tras tender un colchón. Sin embargo, una vez se actúa “dentro de los límites de la legalidad”, las autoridades aseguran que poco o nada pueden hacer, ya que sin una orden judicial les es imposible desalojar a los ocupantes que tantos quebraderos de cabeza están generando.

Los vecinos aseguran que los incidentes comenzaron cuando en noviembre del año pasado se ocuparon los pisos quinto y sexto de la mano izquierda. Mariví, propietaria de este último, afirma que denunció la ocupación un día después de que invadieran su vivienda. “Es el piso en el que vivía mi madre hasta su fallecimiento, el año pasado. La semana que di la autorización para la venta, los de la inmobiliaria me dijeron que no podían entrar”, relata la dueña, cuya vivienda de 110 metros cuadrados fue ocupada antes de que pudiera sacar las pertenencias de su difunta madre. Acudió con la Ertzaintza pero la puerta estaba cerrada con pestillo. Aunque escuchaban la televisión, los okupas, que se estima que son entre seis y nueve personas, no atendían al timbre. “Los agentes me dijeron que no podían tirar la puerta y que fuera a los juzgados. Puse una denuncia y hasta hoy”, explica la mujer, quien declara que según los magistrados que llevan el caso, los okupas “ya están identificados”.

La única medida que ha podido tomar Mariví motu proprio es la de cortarles la luz. Aunque dicha actuación ha provocado que los okupas del sexto izquierda hayan pinchado la luz de la comunidad. “Según un vecino que es bombero, podrían causar un incendio en cualquier momento”, expone una de las residentes que padece en primera mano los problemas generados por los okupas. Esta misma semana la comunidad ha vuelto a arreglar la cerradura del portal, porque la rompen constantemente. “Es imposible controlar quién va a uno o a otro de los pisos ocupados. El meneo de gente que hay es tal que no hay forma de saberlo”, considera la vecina, quien sospecha que trafican con droga.

Solo cuando uno de los okupas del quinto izquierda, cuyo propietario es La Caixa, ha reclamado su derecho a tener la llave nueva se enteraron los vecinos de que la entidad bancaria pretende formalizar un contrato de alquiler. “La primera vez que nos pusimos en contacto con La Caixa declararon que el piso estaba ocupado y que estaban realizando las gestiones oportunas para solucionar la situación. Ahora resulta que en lugar de ir por la vía judicial están pensando en ofrecer a los okupas una especie de alquiler solidario”, exponen los vecinos, quienes han solicitado a la entidad bancaria que se replantee su postura debido a los problemas que están causando en el edificio, tales como peleas en la escalera, donde pueden encontrar “orines, defecaciones o incluso jeringuillas”.

Uno de los okupas de ese piso, precisamente, trató en noviembre del año pasado de entrar en casa de Ieltxu, propietario del quinto derecha, mientras el piso estaba habitado. “Tengo una puerta blindada que trataron de reventar”, expone este joven cuya vivienda actualmente está alquilada. “Como no pudieron echarla abajo rompieron una ventana con un palo de hierro y se descolgaron del patio para entrar”, narra. Por recomendación de un ertzaina, Ieltxu denunció robo con fuerza en lugar de una ocupación. De esa forma, los agentes pudieron acceder al piso para sacar al okupa, que curiosamente estaba empadronado en el quinto izquierda. “La excusa que puso es que ellos no tenían agua y habían entrado para ver si en mi casa había. ‘Pensaba que el piso era de un banco’, alegó”, cuenta el propietario, que ha tenido que desembolsar 1.500 euros para arreglar todos los desperfectos.

Denuncias “Esto no tiene nada que ver con la integración como dicen algunos. Se quieren quedar con todo el edificio”, temen los vecinos, quienes alegan tener “tantos frentes abiertos” que no dan abasto. Todos los intentos para mitigar la situación son pocos. “Además de hablar con todos los cuerpos de seguridad nos hemos puesto en contacto con el Área de Salud del Ayuntamiento de Bilbao, porque hay tanta suciedad en el portal que tenemos ratas y cucarachas”, exponen los vecinos, quienes también mantienen contacto directo con Surbisa, entidad municipal con la que se reunirán la semana próxima. Debido a que las denuncias relacionadas con la seguridad que tratan de interponer no se registran, ya que les es posible identificar a los autores de los actos vandálicos, los vecinos han solicitado presupuestos para instalar cámaras en el portal. Aunque no tienen esperanzas de que vaya a suponer una solución. “Sí, han arreglado la plaza Corazón de María, ¿pero qué hay de nosotros? Nos sentimos desprotegidos”, manifiestan.

Durante el último mes, la Policía Municipal tiene registradas cinco llamadas procedentes de dicha comunidad. Una motivada por una discusión y cuatro más debido a individuos que han forzado la puerta del rellano para dormir en el patio. “Lo malo llama a lo malo”, se lamentan los vecinos. Fuentes policiales aseguran “que se actúa dentro de los límites de la legalidad”, pero que tras desalojar a las personas no pueden hacer más que “cerrar el acceso”. Por su parte, la Ertzaintza recibió y atendió una llamada “por rotura en los buzones”, pero expone que “no se han detectado hechos delictivos” . Eso sí, reconocen el “deterioro derivado de comportamientos incívicos”. El Departamento de Seguridad del Gobierno vasco recuerda que en la zona hay “presencia policial 24 horas del día” y recomiendan “comunicar de inmediato cualquier conducta ilegal”. En cuanto a la ocupación de los pisos se limitan a señalar que “es un asunto que se encuentra en instancias judiciales”.