Bilbao
Las patrullas vecinales se convirtieron en un fenómeno sociológico en Bizkaia en los años ochenta y principios de los noventa. El aumento del tráfico y el consumo de sustancias estupefacientes y el incremento de los delitos en una sociedad industrial en crisis y con una policía aún por estructurar hizo que los vecinos de algunas localidades decidieran tomar cartas en el asunto y se erigieran en guardianes de sus calles. Un ejemplo de ello fueron las brigadas de seguridad que organizaron los vecinos de Txurdinaga en octubre de 1990. "Este tipo de reacciones no son habituales y si se dan suele ser porque los ciudadanos están hastiados por la desazón que crea un periodo en el que se suceden pequeños delitos", aclara el sociólogo Xabier Aierdi.
En la actualidad, parece ser que las aguas vuelven a bajar revueltas. La crisis, los problemas económicos y una mayor sensación de inseguridad en la ciudadanía, entre otras causas, han llevado al límite la paciencia de algunos vecinos y el conato de patrullas ciudadanas ha vuelto a las calles de la villa. El barrio de La Peña protagonizó el último intento -el primero desde hace años- de lanzarse a la calle en busca de justicia. Al igual que en los western, un grupo de vecinos consideró la opción de salir a las calles para localizar -walkie talkie en mano y con la compañía de un perro de presa- a los responsables de una serie de robos consecutivos en locales, comercios y trasteros de la zona.
DEIA ha reunido a dos expertos para que analizaran en profundidad las causas de este brote de justicia vecinal. El sociólogo Xabier Aierdi, director del Laboratorio de Investigación en Inmigración de la UPV/EHU, y el subjefe de la comisaría de la Ertzaintza de Bilbao, José Antonio Nieto, coinciden en que "este fenómeno no tiene cabida en la sociedad actual".
El mando policial considera que lo acontecido en el barrio bilbaino de La Peña es "una llamada de atención a las autoridades". Xabier Aierdi comparte esta opinión y analiza la situación: "Hay quien se quiere tomar la justicia por su mano, pero hay que tener cuidado con los arranque emocionales. Esa no es la labor de los ciudadanos, no les corresponde en una sociedad democrática".
Tranquilidad Tras los movimientos de finales del siglo XX, la sociedad evolucionó, los años de la droga pasaron y los cuerpos policiales se constituyeron como figuras de autoridad. La tranquilidad vecinal regresó con el descenso de la delincuencia y, a partir de ahí, apenas ha habido más que conatos de brigadas vecinales -como la vivida en 2006 en Sestao; los movimientos a raíz del incremento de la prostitución en la zona de General Concha en 2004; más recientemente, el malestar de los vecinos de Bilbao La Vieja, San Francisco y Zabala por la ocupación de las calles de su barrio; o los conflictos vecinales en la zona de Zorrotzaurre.
Malestar La vuelta de la inestabilidad económica y social genera nuevamente malestar entre la población, según destacan los expertos. "Con la crisis se incrementan los pequeños delitos y surge un sentimiento de desamparo entre la ciudadanía, pero no creo que se requieran movimientos vecinales. Lo sucedido ha sido eventual, un toque de atención. No es algo que se pueda dar en otros puntos de la ciudad", analiza Aierdi. "Hay que hacer un llamamiento a la serenidad y a la sensatez y dar un voto de confianza a la policía", indica Nieto.
Ambos especialistas coinciden en que los vecinos no deben llegar al punto de salir a las calles para imponer su ley. Antes deben agotar las vías legales y dirigirse a las autoridades competentes. "Es normal que a la gente se le acabe la paciencia, pero estas reacciones no están justificadas. Pueden salir a vigilar e informar a las autoridades si ven algo o a alguien sospechoso. Así pueden calmar su inquietud", aconseja el subjefe. "Hay vecinos para los que la respuesta policial nunca es suficiente, pero eso no se soluciona así. Si las instituciones no cumplen con su labor o los vecinos creen que es insuficiente, lo deben denunciar, pero deben saber que la seguridad absoluta no existe", matiza el sociólogo vizcaino.
Y es que, ni los grupos de vigilancia vecinales ni las patrullas que organizan se encuentran amparados por la ley. No están prohibidas y tampoco reguladas, lo que supone un riesgo para ellos. "Pueden buscarse un problema y poner en peligro su seguridad. ¿Qué pasa si la cosa se les va de las manos o si se equivocan y la persona a la que increpan no es un delincuente?", cuestiona el subjefe de la Ertzaintza.
Los agentes cuentan con la formación legislativa pertinente, poseen conocimientos de autodefensa y dominan los sistemas para reducir y detener a un sospechoso sin causarle daños. "Nosotros debemos cumplir con unas garantías mínimas para el detenido y los ciudadanos de a pie no cuentan con la formación al respecto ni están amparados por la ley", sentencia el mando policial.
