Bilbao. Tras pasar la noche en vela ante el riesgo de desalojo, los defensores del gaztetxe Kukutza irrumpieron ayer, sobre las 13.00 horas, en el Ayuntamiento de Bilbao con la intención de reunirse con el alcalde la villa, Iñaki Azkuna. Alrededor de 40 personas protagonizaron una sentada pacífica en el interior del Consistorio aportando pancartas con el lema Bilbo por Kukutza.

Los ocupantes permanecieron cerca de media hora en el interior del edificio hasta que la Policía Municipal les conminó a salir del inmueble. Finalmente, con la presencia de los servicios antidisturbios de la Ertzaintza, los defensores del gaztetxe abandonaron las dependencias sin que se registrasen incidentes.

En el exterior del Ayuntamiento, se reunieron cerca de 150 personas para manifestarse, una vez más, a favor del gaztetxe -sobre el que pesa una orden de desalojo y derribo-, durante aproximadamente veinte minutos. Según declaró un portavoz, mañana se reunirán con el concejal responsable del Área de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente, Ricardo Barkala.

En una rueda de prensa previa a la irrupción en el Ayuntamiento, integrantes de Kukutza exigieron al alcalde y a su equipo de gobierno "que dejen de decir mentiras; según los datos de la Diputación Foral, este edificio no vale seis millones de euros, sino 2.190.000 euros" y añadieron la necesidad de "que tomen las medidas políticas precisas para reconducir esta situación".

Asimismo, los portavoces del gaztetxe, acompañados del presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao, Francisco Javier Muñoz, y el abogado Iñaki Carro, quisieron hacer público el hecho de que la empresa de construcción propietaria del inmueble, Cabisa, está presuntamente vinculada con un caso de corrupción urbanística en Cantabria.

Según los datos con los que cuentan los usuarios del centro cultural autogestionado, "Cabisa ha operado bajo el nombre de Construcciones Castrum Varduliex". A pesar de que los propietarios de la empresa no están imputados en ningún proceso judicial o policial, "el juez ha mantenido las medidas cautelares que impiden la construcción de las viviendas previstas en Castro por los propietarios de Cabisa", aseguran.

"La ciudadanía debería saber que el Ayuntamiento de Bilbao ha concedido licencia a una empresa sobre la que recae la sospecha de estar presuntamente vinculada a tramas de corrupción", especifican desde el gaztetxe.

De igual forma, pidieron la paralización del permiso de derribo, aceptando el recurso de reposición. Según explicó el abogado Iñaki Carro, "no está dicha la última palabra sobre la licencia de derribo y mucho menos sobre si ha existido un delito de usurpación". Y es que desde finales de junio esta está recurrida y se espera la resolución para esta semana o la siguiente.

En este caso se juntan dos vías a las que recurrir. "La administrativa, que es la licencia de derribo que acaba de conceder el Ayuntamiento, y la vía penal", manifestó el abogado. En este sentido, explicó: "Se ha seguido una vía irregular, que es la penal ". Y añadió que la empresa constructora debería haber recurrido a la vía civil del desahucio.