Los dos aplazamientos solicitados por los inspectores de la UEFA para presentar el informe sobre la investigación realizada a Osasuna por el caso de los amaños de partidos de la temporada 2013-14, sobre el cual existe una sentencia firme del Tribunal Supremo desde el pasado mes de enero, habían sido interpretados como señales que invitaban al optimismo en el club rojillo debido a las aparentes dudas a la hora de elaborar el expediente que concluiría si el caso quedaba archivado o si se debía de iniciar un procedimiento disciplinario que podría dejar a Osasuna sin disputar la Conference League la próxima temporada, y colateralmente ofrecer una vía alternativa para el Athletic.
Sin embargo, toda esperanza se ha difuminado al conocerse la decisión de los investigadores, que en sus conclusiones recomiendan que la entidad que preside Luis Sabalza no participe en la próxima edición de la Conference League, lo que, de ser definitivamente adoptado por la Comisión de Apelación de la UEFA, abriría las puertas a la posibilidad de que el Athletic ocupe la plaza que dejaría vacante Osasuna al ser el siguiente equipo clasificado en LaLiga Santander. Esta es una opción, porque la UEFA también podría decidir que el rival que quede emparejado con Osasuna acceda a la siguiente ronda de manera directa, lo que privaría al conjunto bilbaino de tomar el relevo del equipo que dirige Jagoba Arrasate.
En el informe, hecho público por Osasuna, los inspectores declaran la "inelegibilidad del club para participar en la UEFA Conference League 2023-2024". El motivo son los hecho que, según la UEFA, contravienen al artículo 4.1g del reglamento de la competición, que dice: "No haber estado directa y/o indirectamente involucrado, desde la entrada en vigor del Artículo 50(3) de los Estatutos de la UEFA, es decir, el 27 de abril de 2007, en ninguna actividad destinada a organizar o influir en el resultado de un partido".
Los dos investigadores responsables, la turca Duygu Yasar y el griego Dimitrios Davakis, tenían fijada un primera fecha para la presentación del informe, que era el pasado viernes día 16. Pero en aquella ocasión solicitaron un aplazamiento que fue concedido por el Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA, que amplió el margen al posterior miércoles día 21. Pero ese mismo día, los dos encargados reclamaron más tiempo para decidir. El periodo extra fue concedido nuevamente por el Comité, con un margen de 48 horas, por lo que el viernes día 23 pasaba a ser la nueva fecha clave para el futuro del equipo navarro. Y esta vez sí, se ha concluido que lo aconsejable para la UEFA es la inadmisión de Osasuna en competición europea.
"Fuerte con los débiles y débil con los fuertes"
Osasuna, por su parte, "no comparte el criterio de la UEFA, recurrirá ante el Comité de Apelación y anuncia que luchará legalmente, hasta las últimas consecuencias, por defender sus derechos". "Fuerte con los débiles y débil con los fuertes, la justicia de la UEFA no ha querido tomar en consideración que han sido los propios tribunales españoles de justicia quienes han declarado, literalmente, que Osasuna ha sido víctima del desvío de dinero realizado por algunos de sus exdirectivos a espaldas del máximo órgano de gobierno de la entidad, la Asamblea, y de los mecanismos de control del propio club", ha lamentado el club.
Asimismo, desde la entidad navarra se denuncian las "filtraciones interesadas, en clave nacional, a ciertos medios de comunicación y periodistas para construir un relato que sacrificase al débil para favorecer al fuerte". "Filtraciones que ya el mismo día 7, día en que Osasuna tuvo conocimiento del inicio de la investigación, aseguraban categóricamente que el final de todo este proceso iba a ser la expulsión del club rojillo de las competiciones europeas. Y con ese horizonte, sabiendo que las filtraciones no provenían de fuentes alejadas de los organismos que debían velar por la neutralidad del proceso, ha trabajado Osasuna desde aquel momento", añaden.
Siguientes pasos
Esta recomendación y el dictamen de la UEFA, en cualquier caso, no son definitivos, dado que Osasuna podrá presentar alegaciones en el plazo de seis días ante el Comité de Apelación de la UEFA, organismo independiente que dictaría el fallo definitivo a finales de este mes o principios de julio. En caso de que Osasuna recibiera un nuevo revés, el club rojillo podría abrir el cauce del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que sería la última por agotar para que el equipo apure sus opciones de jugar en Europa 16 años después de su última experiencia. De llegar a esta última instancia, el TAS debería adoptar una decisión en firme y vinculante antes del próximo 7 de agosto, que será cuando se lleve a cabo el sorteo de la ronda de play-off para el acceso a la fase de grupos de la Conference League. Dicha ronda se disputará los días 24 y 31 (ida y vuelta) de ese mismo mes.
El esfuerzo de Osasuna por demostrar su inocencia como entidad no ha tenido recompensa por el momento. La defensa por parte del club se ha centrado en argumentar que la entidad, “lejos de ser condenada”, ha ejercido como acusación particular contra los implicados en los amaños y también ha perseguido por la vía judicial a los responsables de los hechos que condujeron a la sentencia firme del Tribunal Supremo, que dañaron de gravedad a la reputación del club. En este sentido, se subraya que los actores de los amaños cesaron de sus funciones en 2014 y que solo un año más tarde fueron dados de baja como socios del club.
Los hechos delictivos
Cabe recordar que el Supremo consideró que Osasuna pagó al Betis para que se dejara perder en El Sadar en el encuentro de liga correspondiente a la campaña 2013-14. A diferencia de las primas por ganar, que no son constitutivas de delito, el abono por dejarse perder sí lo es. Por esa razón y tal y como determinó el Supremo, nueve personas –cinco exdirectivos de Osasuna, dos exjugadores del Betis y dos agentes inmobiliarios– fueron acusadas a penas que oscilaron entre los diez meses y los cinco años y siete meses.
Pese que las penas fueron rebajadas, el expresidente del club, Miguel Ángel Archanco, fue condenado a cinco años y seis meses de prisión y al pago de una multa de 418.000 euros por delitos de apropiación indebida agravada, falsedad y corrupción deportiva, los mismos de los que fue acusado el exgerente Ángel María Vizcay, condenado a cinco años y siete meses de prisión y al pago de una multa de 221.700 euros. También fueron sentenciados como culpables el exvicepresidente Juan Antonio Pascual, el extesorero Sancho Bandrés y el exdirectivo Jesús Peralta, todos ellos como parte implicada de Osasuna. Además, fueron condenados los exfutbolistas del Betis Antonio Amaya y Xavier Torres, y los inmobiliarios Cristina Valencia y Albert Nolla.
En concreto, representantes de Osasuna acordaron con los exjugadores del conjunto bético para que a cambio de 650.000 euros se impusieran al Valladolid y se dejaran perder con el equipo navarro, que pese a todo terminó perdiendo la categoría.
